Badalona quiere cobrar el IBI a 17 centros escolares de la Iglesia

El Ayuntamiento se ampara en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó hace dos semanas que las ayudas fiscales a la Iglesia en España «pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas». Es decir, no ponía en duda el concordato pero sí determinadas ventajas fiscales. El Ayuntamiento de Badalona, con esta resolución en la mano, quiere iniciar los trámites para dejar de bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios que son propiedad de la Iglesia y que se utilizan para realizar actividades económicas.

Así lo explicó ayer la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, quien añadió que, según sus cálculos, la Iglesia Católica y otras asociaciones confesionales dejan de tributar más de 350.000 euros a las arcas municipales, un 65% correspondiente a 17 inmuebles destinados a la enseñanza privada. Este extremo, según el gobierno municipal, podría suponer una irregularidad, ya que son susceptibles de estar recibiendo ayudas contrarias a la libre competencia. No obstante, el Ayuntamiento, para seguir con sus planes, deberá espera a que el Estado modifique la normativa para ajustarse a la nueva sentencia, por lo que la recaudación difícilmente podría empezar antes de 2018. La exención del impuesto, en cualquier caso, es obligatoria para todos los ayuntamientos a raíz del convenio del 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, pero el consistorio badalonés entiende que una sentencia del TJUE del pasado mes de junio ha puesto en duda esta medida al considerar que podría tratarse de una «ayuda estatal prohibida».

La alcaldesa de Badalona afirmó que «este gobierno municipal ha hecho una apuesta clara para lograr una mayor justicia social». «Trabajar para lograr una fiscalidad más justa es uno de nuestros compromisos y esta nueva medida se añade a la aplicación de la tarifación social en las guarderías municipales y el aumento del IBI de las grandes superficies comerciales, entre otras medidas», apuntó Sabater.

El dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene su origen en el cobro de impuestos por parte del Ayuntamiento de Getafe (Madrid) a un colegio católico en relación a las obras de remodelación de la sala de actos el año 2011. La institución religiosa reclamó, vía judicial, la devolución del importe económico en base al concordato y la cuestión llegó al TJUE con el consiguiente dictamen.