Barcelona tiene cerca de 4.000 ancianos en espera de una plaza en un asilo público

El Ayuntamiento reclama a la Generalitat un total de 2.780 camas más en las residencias y denuncia que este déficit provoca un sobrecoste anual de 18 millones para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Barcelona hizo un llamamiento ayer a solucionar el problema de la falta de plazas en las residencias. Concretamente, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, cifró ayer en la falta de inversión de la Generalitat en los geriátricos en 2.780 plazas.

Esta cifra se remite a la falta de plazas respecto al objetivo marcado por el Govern entre 2008 y 2012, así como un sobrecoste de 18 millones para las arcas municipales. Ortiz explicó que, por primera vez, el Consistorio ha realizado un informe sobre la situación, con el objetivo de hacer una radiografía de la situación, y afrontar el envecimiento actual, y el futuro de la población.

Cabe recordar que, por primera vez en muchos años, Barcelona registró el año pasado más muertes que nacimientos, lo que prueba que la situación demográfica de la capital catalana.

Ortiz también quiso clarificar las competencias entre administraciones, y mejorar la colaboración en el Consorcio de Servicios Sociales, que se reparten en un 60 por ciento de la Generalitat y un 40 por ciento del Consistorio. Según datos del Ayuntamiento, la ciudad dispone actualmente de 13.051 plazas en residencias, que se desgranan de la siguiente manera. El 42 por ciento son públicas, un 46 por ciento están ubicadas en centros privados, pero disponen de una prestación económica vinculada, mientras que el 12 por ciento restante son privadas. Ortiz comentó que «tenemos infrapresentación de la red pública en la ciudad».

La cifra de déficit es el resultado de cruzar los datos de las personas de 65 años o más que están en lista de espera para una plaza en una residencia pública y las que los servicios sociales están atendiendo porque tienen un grado 2 o 3 dependencia, o su situación es de alta vulnerabilidad y que, por tanto, tiene derecho a estar en una de ellas.

Insistió la teniente de alcalde en que «la Generalitat lleva años dando a Barcelona una infracobertura respecto al resto de Cataluña, por lo que la deuda del Govern con las personas mayores de la capital catalana ha ido aumentando, con el empeoramiento de la planificación y la cobertura, la situación es insostenible».

«La falta de inversión ahorra 28 millones de euros al año a la Generalitat», calculó Ortiz, que también reclamó, además de la puesta en marcha de las residencias pendientes desde 2008, un cambio urgente del modelo de planificación que contemple una «zona Barcelona» de plazas residenciales.

En abril de este año, 8.063 barceloneses estaban inscritos en lista de espera para entrar en una residencia, y de ellos, según el informe municipal, 3.942 esperan la plaza pública un domicilio particular y, por tanto, son susceptibles de estar recibiendo atención por parte del Servicio de Ayuda al Domicilio (SAD), el Servicio de Atención de Urgencias a la Vejez (Sauv) o un equipamiento sociosanitario, entre otros.

Así pues, sólo para atender la demanda actual de las personas que esperan una plaza pública en domicilio, habría que incrementar un 72 por ciento el número de plazas públicas en la ciudad, y si se suman las personas que cobran una Prestación Económica Vinculada (PEV) y que igualmente esperan una plaza pública a pesar de estar ingresadas en un centro privado, este incremento debería ser del 109 por ciento. El elevado nivel de renuncias quizá podría estar motivado por la lentitud para dar respuesta y asignar un recurso.