Bienestar aplicará los recortes de los funcionarios a los servicios sociales

Las relaciones entre el tercer sector social y la Generalitat llevan tiempo lejos de ser las mejores, y, a juzgar por la nueva decisión del Govern, pueden empeorar próximamente. Estos servicios sociales llevan tiempo denunciando una asfixia económica severa.

El nuevo acuerdo del Govern es repercutir a los conciertos con las entidades públicas y privadas que prestan servicios sociosanitarios el mismo recorte salarial de los funcionarios, por lo que dejará de costear el equivalente a una paga extra de los trabajadores públicos a los organismos que tienen conciertos con el Instituto Catalán de Asistencia y Serveis Socials (Icass), como residencias y centros de atención a discapacitados.

Carácter retroactivo

Este acuerdo de Govern se publicó el 28 de febrero en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc). Este recorte se aplicará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de este año, por lo que las entidades deberían devolver las cantidades recibidas.

La conselleria de Bienestar Social y Familia explicaron a Ep que el decreto todavía no ha empezado a aplicarse y que se está analizando esta medida junto a las entidades del sector, especialmente las de titularidad privada, que rechazan que se les aplique este ajusta.

El presidente de la patronal de pequeñas y medianas residencias de Cataluña, Upimir, Vicente Botella, criticó esta decisión, que supone un recorte del 7,4 por ciento en los módulos de conciertos con las entidades privadas, según sus cálculos. «El sector está asfixiado y si ahora nos aplican este tijeretazo, desapareceremos», lamentó.

Botella confió en que el Govern rectifique porque, según dijo, «no puede ser que los centros colaboradores sigan cobrando igual y los concertados suframos una reducción», y rechazó que el tipo de contrato que una entidad privada establece con la Generalitat deba determinar las cantidades percibidas.

Además, calificó la decisión del Govern de «aberrante», y lamentó que, aunque le consta que desde el Icass se está trabajando para lograr una rectificación, todavía no se ha conseguido ningún acuerdo.

El acuerdo de Govern señala que se repercutirá una reducción equivalente a la deducción retributiva de los funcionarios «a las entidades no incluidas en el sector público de la Generalitat», lo que afectará también a entidades privadas que llevan a cabo programas sanitarios, como por ejemplo de drogodependencia y VIH, a través de los conciertos que perciben de la Generalitat.

Desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), se recordó que existe un decreto de Govern que prorroga los presupuestos de 2012, en los que solo se repercutía el recorte de los conciertos con entidades públicas, por lo que advierten de que este nuevo acuerdo no podría aplicarse hasta que no se aprueben las cuentas de 2013. En definitiva, las posturas entre ambas partes siguen distantes.