Colau amenaza a las eléctricas con no pagar la deuda de la pobreza energética

La alcaldesa exige a las compañías suministradores que se comprometan a pagar el 50% del importe de las facturas de las familias vulnerables, unos tres millones de euros anuales.

El Ayuntamiento de Barcelona afronta una semana de negociaciones con las empresas subministradoras de agua, gas y luz de cara a hacer efectiva la ley catalana 24/2015 de pobreza energética y lograr un compromiso por parte de las compañías de corresponsabilizarse en el pago de la factura de la pobreza energética. De hecho, el ente municipal es tajante respecto a este último punto: «Existe una ley catalana vigente que dice que han de ser corresponsables y si no firman dicho convenio, el Ayuntamiento no pagará la deuda tal y como venía haciendo hasta ahora». «O las compañías forman parte de la solución o el Ayuntamiento no tiene por qué sufragar la deuda de las familias», advertía ayer la tercera teniente alcalde Laia Ortiz.

«La ley dice que se ha de firmar un convenio entre la administración y las compañías, las cuales además han de corresponsabilizarse de la deuda, y sólo hay que definir el contenido de ese convenio», recordó ayer la directora del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento durante la presentanción de «La estrategia contra la pobreza energética y para la garantía del derecho a los subministros básicos en Barcelona».

Corresponsabilidad social

Al respecto, Ortiz indicó que «existe una instrucción vigente desde julio, en la cual se trata ya el tema de la regulación y una serie de aportaciones propias, y ésta ya incluye la obligación de las suministradoras de informar sobre los cortes que se tramitan mensualmente, el asunto de la protección de datos y el compromiso de llevar a cabo una tarea de comprobación del grado de vulnerabilidad del hogar antes de llevar a cabo un corte», e hizo hincapié en que en dicha instrucción ya se señala como «imprescindible que la aportación económica de responsabilidad social ha de venir de la compañía».

En este sentido, la tercera teniente alcalde avanzó que la propuesta que el gobierno municipal ha puesto sobre la mesa de las suministradoras es la de que éstas «se hagan cargo como mínimo del 50% del total que cuesta a la ciudad la pobreza energética, entendida como el pago de las deudas y el de los servicios municipales destinados a atender esta problemática». «Es el mínimo», aseguraba Ortiz, quien indicaba que esa cifra rondaría los 3 millones de euros anuales. En cualquier caso, la cosa está clara: «Si no hay convenio, dejaremos de poner dinero del Ayuntamiento al servicio de las suministradoras».

Además, el ente municipal extenderá a toda la ciudad los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) tras los buenos resultados cosechados con la prueba piloto que se llevó a cabo durante cinco meses en cuatro barrios de la ciudad: Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Sants-Montjuic. A raíz de esta iniciativa, se actuó en 3.100 hogares, de las cuales el 60% sufría pobreza energética moderada o severa y el 13% había sufrido cortes de subministros básicos.

Así, a partir de diciembre, todos los distritos de Barcelona contarán con un PAE, que tiene como objetivo informar a los usuarios sobre cómo disminuir el importe de la factura energética y el consumo, cómo mejorar la eficiencia energética del hogar. Estos puntos informativos también ofrecen herramientas para defender los derechos ciudadanos ante las compañías.