Colau amplía el intervencionismo sobre los planes urbanísticos

«La intencion del gobierno municipal es invertir en el urbanismo de proximidad,recuperar la esencia preolímpica de la ciudad», declaró el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, durante la presentación de los presupuestos del Ayuntamiento para 2016. Menos de una semana después el ejecutivo de Ada Colau se ha dado de bruces con una tozuda realidad administrativa que amenaza con desbaratar sus planes de una urbe alejada de «construcciones faraónicas». La ley ha obligado a la alcaldesa a aprobar dos proyectos urbanísticos de gran envergadura por silencio administrativo, que pasan por incrementar la superficie comercial del centro comercial Heron City y de la tienda de Zara ubicada en el Paseo de Gracia, cuya tramitación comenzó el mandato pasado.

El convergente Xavier Trias dio luz verde en septiembre de 2014 al plan que permite incrementar en 6.080 metros cuadrados la superficie del Heron City. Meses después, el plenario decidió suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta que se aportara el informe de su impacto comercial. La notificación se presentó fuera de plazo, por lo que a principios de este año se aprobó el proyecto por inactividad legislativa.

En junio, cuando Colau tomó la vara de mando, el promotor del Heron City todavía no había podido hacer efectivo el silencio administrativo por lo que el plenario instó a la alcaldesa a «negociar» con él para echar atrás la construcción. Pero el gobierno municipal, al que en repetidas ocasiones se le ha criticado su inactividad, no se ocupó de entablar ninguna conversación y la ampliación del Heron City ya es una realidad.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Ortíz, se ocupó ayer de comunicárselo a la prensa con una estrategia para esconder la mala gestión municipal de BComu. Ortiz anunció que el Ayuntamiento lanzará una propuesta que tendrá que aprobarse en primera instancia en la Comisión de Urbanismo del próximo miércoles, para evitar que vuelvan a aprobarse «planeamientos urbanísticos de iniciativa privada» por silencio administrativo, o como la concejal lo llama «por la puerta de atrás». Para ello ampliará de uno a tres los meses del plazo de exposición pública porque los actuales «son muy apretados y el reloj corre». Además exigirá a los promotores de futuros equipamientos una memoria que explique «qué sentido tiene el proyecto para la ciudad, si puede suponer impacto para algún sector o qué especificidades técnicas tiene». En última instancia, este protocolo deberá ser aprobado por la Generalitat, que es quien tiene las competencias en materia de legislación urbanística.