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Colau expropia por primera vez un piso a la banca en Barcelona

El Ayuntamiento recuerda que tiene otros 16 expedientes similares abiertos

El Ayuntamiento recuerda que tiene otros 16 expedientes similares abiertos

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El Ayuntamiento de Barcelona ha completado por primera vez una expropiación forzosa de un piso propiedad de la banca, en este caso, del BBVA, que llevaba de dos años vacío. Se trata de una vivienda en la calle de Palermo, en el barrio del Besòs y el Maresme, que se ha incorporado al parque municipal de vivienda por un periodo de 10 años y se destinará a alquiler social.

Tal y como ha explicado la concejal del Ayuntamiento, Lucía Martín, esta expropiación del derecho de uso se ha hecho en virtud del artículo 15 de la Ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que vuelve a estar en vigor tras levantarse la suspensión que interpuso el Tribunal Constitucional (TC). El artículo en cuestión permite la expropiación de un piso por un plazo de cuatro a 10 años si está situado en áreas con una demanda residencial fuerte. Debe, además, estar inscrito en el registro de viviendas vacías de la Agencia de Vivienda de Cataluña.

La flamante concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha explicado que cuando se suspendió la ley, el Ayuntamiento tenía 16 expedientes abiertos por casos similares. Una vez levantada la suspensión, el consistorio ha recuperado siete de esos expedientes con pisos propiedad de entidades como Caixabank, BBVA, la Sareb y Bankia, que habrá que ver cómo se resuelven.

Martín señaló también que, de nuevo por primera vez, el Ayuntamiento ha iniciado un proceso sancionador contra un gran tenedor (sin especificar cuál en aplicación de la Ley de protección de datos) por no ofrecer un alquiler social a una familia vulnerable antes de impulsar un desahucio. Esta obligación incluye en la Ley 24/2015 sobre emergencia de vivienda, que había quedado suspendida pero que el TC levantó en febrero del 2019.

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El piso en cuestión se ubica en el barrio del Raval y la multa puede llegar a los 90.000 euros por una infracción grave de la ley. Martín, sin embargo, ha asegurado que no se persigue en ningún caso un afán recaudatorio sino "enviar un mensaje contundente: este gobierno perseguirá abusos y malas prácticas inmobiliarias". La concejal ha explicado que en la actualidad hay 300 casos abiertos por situaciones similares y que, en función de la respuesta de los grandes tenedores, se continuará con expedientes sancionadores o no.