Cuatro municipios pagarán las costas judiciales por la guerra de banderas

La guerra de banderas genera paradojas difíciles de entender. Hay ayuntamientos soberanistas que argumentan que «no hay dinero para comprar tantos palos y banderas» para oponerse a izar la bandera de España en sus fachadas, pero en cambio sí que disponen de recursos para asumir las costas judiciales de los litigios con la Delegación del Gobierno –implacable con el cumplimiento de la ley–, los cuales saben de sobras que no pueden vencer.

Algunos alcaldes como el del ayuntamiento de Banyoles, Miquel Noguer (CiU) recapacitaron a tiempo y colgaron la bandera española tras el requerimiento del Gobierno. «No es voluntad del Ayuntamiento invertir dinero ni esfuerzos en una posible causa judicial que, con toda probabilidad, sería perdida. Así pues, después de hablarlo con todos los grupos municipales, el equipo de gobierno ha decidido cumplir la ley de banderas», dijo Noguer tras recibir el año pasado un requerimiento del Gobierno.

Otros, en cambio, han optado por llevar su desafío hasta las últimas consecuencias, pese a no tener ninguna opción de ganar la batalla en los tribunales. Es el caso de los gobiernos municipales de Agramunt (Lleida), Cervera (Lleida), Vilallonga de Ter (Girona) y el Consell Comarcal de l'Urgell (Lleida). Las cuatro corporaciones locales han sido condenadas a pagar las costas judiciales de sus procesos en el contencioso-administrativo.

Fuentes conocedoras del fallo judicial sitúan las costas en unos 200 euros, una cantidad que se podrían haber ahorrado atendiendo los requerimientos de la Delegación del Gobierno, pero a la que tendrán que hacer frente debido a sus convicciones soberanistas.

Varios ayuntamientos controlados por CiU y ERC mantienen una pugna constante con la Delegación del Gobierno, dirigida por Llanos de Luna. Hace pocas semanas, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) anunció que denunciaría a la delegada por «malversación de fondos públicos». «En lugar de ayudar a los municipios en momentos de dificultad, los lleva a los tribunales por declararse territorios libres y soberanos, retirar la bandera española de la fachadas de los consistorios o pagar la cuota de la asociación», protestó la asociación.

La Delegación del Gobierno entiende que la AMI está presentando la malversación justo al revés, puesto que hay varios municipios que han aprobado pagar cuotas e incluso ceder locales para financiar un proyecto independentista que, según la Justicia, excede por completo el ámbito de competencias municipal. Llanos de Luna promete continuar siendo inflexible con los ayuntamientos que continúen usando el dinero a su antojo para financiar el camino a Ítaca.