El Govern disfraza los preparativos del referéndum de elecciones al Parlament

Saca a concurso público la adquisición de material electoral y elude citar el referéndum de autodeterminación

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, durante la jornada del 9-N
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, durante la jornada del 9-N

Si el martes, durante el debate de los presupuestos, la CUP mostraba su prototipo de papeleta para el referéndum y presionar al Govern en el avance de la hoja de ruta separatista, el miércoles, poco antes de que se procediera a la votación, la conselleria de Governació sacaba a concurso la adquisición de material electoral.

Si el martes, durante el debate de los presupuestos, la CUP mostraba su prototipo de papeleta para el referéndum y presionar al Govern en el avance de la hoja de ruta separatista, el miércoles, poco antes de que se procediera a la votación, la conselleria de Governació sacaba a concurso la adquisición de material electoral. Es decir, justo el momento en el que se validaban las cuentas que dotaban de recursos financieros a la consulta de autodeterminación, el ejecutivo catalán activaba parte de los recursos logísticos para hacerla posible.

Pese a ello, y seguramente para salvaguardarse de cualquier acción de los tribunales que frustre la licitación –porque las interlocutorias del Tribunal Constitucional advertían de que tampoco se podían llevar a cabo iniciativas encaminadas a organizar el referéndum–, el anuncio tiene como objeto la «celebración de unas elecciones al Parlament». De esta manera, ese es el argumento oficial del Govern para publicitar el contrato público, cuyo plazo para que concurran las empresas tendrá lugar hasta el próximo 3 de mayo.

La licitación es un acuerdo marco para cuatro años, lo que impide concretar en qué fecha se debería ejecutar –el consenso entre la CUP y el Govern es celebrar un referéndum antes de septiembre de este año–, y por tanto sería una forma de tener seleccionadas a las empresas para cuando se activara cualquier forma de votación –comicios o referéndum–. En todo caso, de no celebrarse la consulta de autodeterminación, los anticapitalistas ya han expresado que cancelarían su acuerdo de gobernabilidad y la convocatoria electoral sería automática.

Sin embargo, según el Govern, esta es su forma de proceder, ya que no licita para cada proceso electoral concreto sino que establece acuerdos marco para cuatro años, pese a la casualidad de que se publique la licitación justo en el momento en que se aprobaban los presupuestos del referéndum. El presupuesto del contrato ascendería hasta los 775.714 euros, e incluiría la provisión de sobres electorales, papeletas, manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales e impresos electorales.

No obstante, y pese a que con la aprobación de los presupuestos y este anuncio del departamento de Governació parecen dar un gran impulso al proceso independentista, todavía encierran algunas incertidumbres. Y es que el debate de las cuentas va a permanecer durante unos días en el escenario político. Por una parte, PP, PSC y C’s tienen la idea de llevarlos al TC, que con toda seguridad los suspenderá, más teniendo en cuenta los dictámenes que han emitido el Consell de Garanties Estatutàries y los letrados del Parlament sobre su inconstitucionalidad. Y por otra, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot –formación que aglutina a Podem, ICV-EUiA y Equo–, Joan Coscubiela, presentó ayer un escrito a la Mesa del Parlament para que no se publique la ley de presupuestos por las contradicciones que ve entre las enmiendas sobre la disposición de las cuentas que incluye una partida para celebrar un referéndum. El articulado de las cuentas contiene una enmienda de la CUP para financiar la consulta de autodeterminación unilateral y otra enmienda de los comunes, aprobada posteriormente, que pedía la vía pactada, una «incongruencia que afecta al principio de seguridad jurídica», según Coscubiela. Ante ello, pidió que se articule un mecanismo de «armonización del texto aprobado que le diera coherencia» y reclamó que prevaleciera el principio de que una ley aprobada con posterioridad deroga a la anterior.