El Govern elimina las pelotas de goma a cambio de que ERC no fulmine a Prat

CiU y ERC pactaron ayer la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra para el próximo 30 de abril. Tras este acuerdo, los republicanos rechazaron definitivamente pedir el cese del director general de la Policía Autonómica, Manel Prat, inmerso en una fuerte polémica por la muerte del empersario Juan Andrés Benítez en el Raval, tras ser reducido y golpeado por ocho agentes.

Según informaron fuentes de ambos partidos, en la propuesta pactada se insta a «la retirada efectiva y la prohibición total» del uso de las pelotas de goma. Estos proyectiles causaron una gran polémica en los altercados posteriores a la huelga general del pasado 14 de noviembre, cuando Ester Quintana denunció haber perdido un ojo por culpa de una pelota de goma.

Sustitución progresiva

Está previsto un período paulatino de sustitución de este material por otro alternativo que finalizará el citado 30 de abril. Los dos partidos desvincularon este pacto de la polémica sobre Prat, aunque anteayer los republicanos amagaron con pedir su dimisión si no se procedía a suprimir las pelotas de goma.

De momento, Interior baraja varias opciones para sustituir a las pelotas de goma. Las alternativas con más posibilidades son, de momento, los camiones con cañones de agua, que nunca se han utilizado en Cataluña, y las lanzaderas de precisión.

Los Mossos disponen actualmente de un camión dotado de cañones de agua, que está en desuso de los años 90. No obstante, el principal obstáculo para utilizar estas tanquetas es su elevado precio y que, debido a la orografía de Barcelona, su uso quedaría restringido a pocos puntos de la ciudad. La otra posibilidad, las lanzaderas de precisión, que hasta ahora se utilizaban de forma complementaria a las pelotas de goma.

El texto pactado por ambas formaciones contempla que la Generalitat «pueda compensar económicamente» a los ciudadanos por los «daños permanentes» que hayan provocado las pelotas de goma.

Por su parte, el diputado del PP Pere Calbó consideró que este acuerdo es «solo una decisión política» para mantener a Prat en su cargo, lo que «pone en peligro la seguridad pública» en Cataluña. «Este acuerdo evidencia cuál el precio que debe pagar el conseller Espadaler, para mantener a un director general, lo que pone en peligro el sistema de orden público que teníamos hasta ahora en Cataluña», especificó.