El Govern niega las indemnizaciones taurinas porque pueden trabajar fuera

La Generalitat estima que los distintos sectores profesionales afectados económicamente por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña pueden trabajar fuera de esta autonomía si quiere seguir en el sector. Es el argumento que utiliza para desestimar cinco solicitudes de indemnización de profesionales que habían pedido un resarcimiento derivado de la prohibición de la Fiesta, que entró en vigor el 1 de enero de 2012.

El Govern siempre ha expresado que las indemnizaciones por el fin de las corridas en Cataluña se saldarían «con unos miles de euros» y dejó a la conselleria de Economía y Finanzas el encargo para hacer frente a las mismas. Sin embargo, el sector considera que el fin de la Fiesta afecta a un gran número de profesinales, según un estudio elaborado por el profesor de la Universitat de Barcelona Vicente Royuela, que cifra el montante en unos 300 millones.

Cambio de empleo

El pasado mes de diciembre, la Generalitat desestimó doce peticiones de indemnización, y ayer anunció otros cinco casos que no atenderá porque la prohibición limita su trabajo a Cataluña «y no afecta, en ningún caso, el libre ejercicio de su actividad, tanto en el resto del Estado, como en cualquier otro país donde las corridas estén autorizadas». Si los afectados no están dispuestos a hacer las maletas, «la Generalitat también considera que nada les impide desarrollar su actividad en Cataluña en sectores distintos al taurino».

Las empresas afectadas son una compañía de transporte de ganadería, un equipo médico, una agencia de comunicación y publicidad y dos ganaderías de toros de lidia.

De las 29 solicitudes de indemnización presentadas, la Generalitat de momento sólo ha admitido a trámite las reclamaciones de Balañá, propietaria de la plaza de toros La Monumental, y otra de Funciones Taurinas, del empresario Mantilla, que organizaba las corridas en el coso barcelonés. Los afectados también reclamaban que el Govern hiciera efectivas las indemnizaciones en 2012, ya que la prohibición se aprobó el 3 de agosto de 2010, pero la conselleria de Economía y Finanzas apostó por retrasar cualquier reconocimiento por el fin de la actividad hasta 2013, año en que las arcas de la Generalitat se encuentran en una situación muy delicada. Hasta la fecha, ninguna empresa ha sido indemnizada. La Generalitat alega que las compensaciones «están siguiendo la tramitación que establece la ley».

Las anteriores solicitudes desestimadas habían sido presentadas por doce toreros, que reclamaban una compensación por no poder realizar su actividad profesional en Cataluña.