El Govern pide retirar el recurso contra la Ley de Medidas Urgentes en Vivienda

El conseller Calvet trasladará la petición al Gobierno el lunes en una reunión sobre infraestructuras.

Ocurrió hace más de dos años y fue una decisión muy polémica en su día. El anterior Gobierno presentó en 2016 un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015 , de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La Generalitat, según informó ayer en un comunicado, quiere revertir esta situación. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, exigió al Gobierno, ahora dirigido por Pedro Sánchez, la retirada de este recurso de inconstitucionalidad.

Está prevista para este lunes en Barcelona una reunión de la comisión bilateral de infraestructuras Gobierno-Generalitat. Por ello, el conseller pedirá un encuentro específico sobre este recurso, y en el que en principio participará algún representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fueron los impulsores de esta propuesta.

Calvet comunicó sus intenciones de reunirse con la PAH. Destacó que «no nos vale una ley mutilada, la necesitamos íntegra», en referencia a que, tras el recurso, el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la aplicación de gran parte de su articulado.

El pleno del TC suspendió cautelarmente en ese momento los artículos contra desahucios de la citada ley, admitiendo a trámite el recurso del Gobierno, que reclamaba la anulación automática de los preceptos impugnados de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución. El alto tribunal aseguró que la suspensión tenía que ser automática, y que no podían hacer nada para evitarlo.

Desde ese momento, la Generalitat presentó recursos, pero fueron rechazados por el TC. La opinión del ejecutivo catalán es que con el cambio de inquilino en La Moncloa la situación puede haber cambiado, sobre todo para los intereses del Govern.

El conseller quiso recordar que esta ley fue «votada por unanimidad en el Parlament, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que da instrumentos y capacidad para atender diversas problemáticas relacionadas con la vivienda, especialmente todo lo relacionado con el drama de los desahucios».

Añadió que esta ley «da capacidad para poder expropiar usufructo, para obligar a los grandes tenedores y entidades financieras a realojar a las personas en riesgo de desahucio o con desahucios en marcha», entre otros. «Su suspensión no se puede mantener ni un minuto más. Es un tema de soberanía, pero, sobre todo, de justicia social», remarcó.

En otro comunicado, la PAH pidió a las instituciones que «muevan ficha» para recuperar esta ley, y aseguraron que ya hicieron todo lo que ha estado en su mano para que la norma volviera a estar vigente con ambos gobiernos. «No hay excusas, para erradicar los 61 desahucios diarios en Catalunya y acabar con el colapso en las Mesas de Emergencia», exigió la PAH.