El Govern recauda 11,3 millones con las multas a los pisos vacíos

La Generalitat ha recaudado 11,3 millones de euros con la primera liquidación anual del impuesto sobre viviendas vacías, según informó ayer la consellera de Governació, Meritxell Borràs. En total, 198 entidades financieras e inmobiliarias han tenido que hacer frente al pago de esta multa por tener pisos sin habitar más de dos años sin causa justificada, pero desde el Govern no se precisó cuántos de ellos se han visto afectados por este impuesto.

Según los datos de la Mesa del Tercer Sector, en Cataluña hay alrededor de 450.000 pisos vacíos, aunque lo cierto es que la gran mayoría (270.000) pertenecen a particulares que no les dan uso. Pero ellos están exentos de la aplicación de este gravamen. Sin embargo, hay también un importante contingente de viviendas sin habitar en manos de entidades financieras, promotores y otros grandes tenedores.

Baile de cifras

No obstante, la cifra exacta se desconoce. Las entidades sociales hablan de 100.000 –y de otros 80.000 inmuebles de nueva construcción que el mercado no ha podido absorber–, pero la Generalitat rebaja la cifra a 47.000, aunque no precisa las que reunen las condiciones que establece el impuesto. Cuando se aprobó, las previsiones del Govern eran que este pudiera afectar a 15.000 viviendas, pero ayer la consellera aclaró que el pago de la tasa –recaudado entre el 1 y el 20 de marzo– se ha extendido a más inmuebles de los pronosticados y que por tanto la recaudación ha sido mayor.

Estos 11,3 millones permitirán ahora a la Generalitat de Cataluña adquirir 260 viviendas para destinarlas al alquiler social.

El pasado año, el Govern ya destinó ocho millones a la compra de viviendas para uso social mediante el sistema de tanteo y retracto y consiguió 184 pisos. En esta ocasión, las compras de viviendas se concentrarán en aquellos municipios –de los 72 que en Cataluña que registran demanda acreditada– que concentran un mayor número de pisos afectados por el impuesto. El procedimiento de compra será, de nuevo, mediante el de tanteo y retracto.

«El objetivo principal no es la recaudación, sino la movilización del parque privado de viviendas. El escenario deseable es no tener que cobrar el impuesto y que los propietarios pongan esos pisos en el mercado», destacó ayer Borràs durante la presentación de los datos acompañada del secretario de Vivienda y Mejora Urbana, Carles Sala.

La consellera también recordó que el impuesto está regulado por ley 14/2015 , que se encuentra «en peligro por una posible impugnación por parte del Tribunal Constitucional». Por ello, lanzó una petición a los partidos políticos que son escuchados por el Gobierno para que le hagan llegar que, en caso de impugnarse, «no perjudicaría tanto a la tarea del Govern, sino al acceso de los ciudadanos catalanes a una vivienda digna», lamentó.