El Govern rechaza indemnizar a la empresa explotadora de la Monumental

La Generalitat no dará ni un solo euro a los empresarios afectados por la prohibición de los toros en Cataluña. Ayer el Govern volvió a desestimar una reclamación, en este caso presentada por la empresa Funciones Taurinas SA, explotadora de la plaza de toros Monumental de Barcelona desde 2007, para ser indemnizada por perjuicios derivados de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.

Funciones Taurinas es una firma salmantina dedicada a apoderamientos y representaciones taurinas, así como a la gestión de espectáculos relacionados con la tauromaquia, la explotación agrícola y ganadera en fincas rústicas, tanto en régimen de propiedad como de arrendamiento. Su expediente era uno de los dos que la Generalitat había admitido a trámite para el estudio de posibles indemnizaciones.

El expediente Balañá

El que queda por ahora en espera de respuesta es el de la familia Balañá, propietarios de la Monumental y que, según algunas fuentes de la Generalitat, sí podría cobrar como consecuencia de haberse sentido perjudicada por el cierre del coso taurino para acoger festejos.

En su reunión de ayer, el ejecutivo catalán rechazó la petición de la empresa al considerar que, en este caso, no se produjo una disminución patrimonial o una pérdida de beneficio y que no está justificada la exigencia de responsabilidad patrimonial.

La prohibición taurina se remonta al 3 de agosto de 2010 cuando el Parlament dio luz verde con la modificación de la ley de protección de animales, que entró en vigor el 1 de enero de 2012.

De las 29 solicitudes de reclamación recibidas –entre toreros y empresas del sector–, el Govern ya ha desestimado 27 y una más renunció durante el proceso, por lo que sólo queda un expediente pendiente, que sigue su trámite.

Desde que el Govern dio carpetazo a la tauromaquia ha ido haciendo lo imposible para enfrentarse a las indemnizaciones a los afectados, especialmente por lo elevada de la cantidad a pagar. En noviembre de 2011 se presentó un informe elaborado por el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) Vicente Royuela. En el citado documento se estima ba que prohibir las corridas de toros en Cataluña costaría cerca de 300 millones de euros a las arcas públicas catalanas en concepto de indemnizaciones al sector taurino. El estudio realizaba este cálculo tomando como referencia las 111.000 entradas vendidas en los festejos de 2007 en la Monumental de Barcelona, con una media de 40 euros cada una.

Sin embargo, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, redujo a «unos miles de euros» las indemnizaciones a percibir por los afectados. «Mientras algunos hablan de millones, habría que hablar de miles de euros», dijo Turull cuando el PP solicitó en 2011 una moratoria porque no es de recibo hacer frente a estas indemnnizaciones cuando se están realizando recortes en Educación y Sanidad.

Sin embargo, CiU en los últimos tiempos también ha demostrado un doble rasero en lo referente a los temas vinculados con los toros. Si bien resultó decisiva para prohibir las corridas de toros en el Parlament en la votación del 28 de julio de 2010, la coalición nacionalista también fue quien blindó los «correbous», modalidad muy arraigada en el sur de Cataluña también con el toro como protagonista principal de la festiva celebración.