El Govern se aferra a una reforma fiscal para atraer el apoyo de Colau a las cuentas

El Ejecutivo no se plantea llevar los presupuestos al Parlament sin acuerdo previo.

A pesar del difícil contexto político que reina en Cataluña, el Govern no está dispuesto a darse por vencido con la aprobación de los presupuestos. Los «comunes» abrieron el lunes un resquicio para la esperanza matizando sus exigencias para respaldar las cuentas: situaron la reforma fiscal como condición prioritaria para prestar sus votos y dejaron en un segundo plano la necesidad de que los partidos independentistas apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El ejecutivo catalán recogió ayer el guante y se mostró abierto a abordar una negociación en este sentido. «El Govern revisa cada año» la fiscalidad, replicó la portavoz, Elsa Artadi.

El giro estratégico del partido de Colau alimenta la esperanza del gobierno catalán, aunque también podría devolver las habituales tensiones que surgen entre el espacio convergente y ERC a costa de los cambios fiscales. En esta línea, el presidente del PDeCat, David Bonvehí, ya advirtió el lunes también que no aceptarán que los cambios impositivos afecten a las clases medias. Los «comunes» reclamaron modificaciones en Sucesiones, Patrimonio y el IRPF para ampliar los recursos económicos de la Generalitat y poder elaborar unas cuentas con mayor inversión social, algo para lo que tendrán más motivos aún tras los 2.200 millones de euros que se quedarán en el camino sin PGE –es uno de los argumentos que más han repetido los «comunes» para presionar a los independentistas– y la incertidumbre todavía existente en torno a otras variables, como el margen de déficit que dispondrá la administración catalana.

En cualquier caso, Artadi también aclaró que el Govern no está dispuesto a llevar los presupuestos al Parlament sin que haya un acuerdo previo que permita su tramitación. En estos momentos, todas las presiones se han desplazado sobre los «comunes», que es el único partido dispuesto a negociarlos. La CUP se desmarcó hace ya unas semanas de cualquier diálogo sobre las cuentas si el Govern no se comprometía con medidas rupturistas y tras augurar, durante los primeros contactos mantenidos, que las cuentas que iba a elaborar el ejecutivo catalán eran «neoliberales». Por otro lado, el acercamiento que ERC ha intentado con el PSC está lejos de surtir efecto, ya que los socialistas catalanes no quieren «colaborar con un Govern independentista».

El impacto económico del 155

El Govern podría reclamar al Estado hasta 130 millones de euros al Estado por las afectaciones de la aplicación del 155. Aunque el comisionado cifró en 1.800 millones de euros el impacto económico, solo 130 están ligados a «gasto asociado» a la intervención económica, como indemnizaciones a trabajadores despedidos o pérdidas de presupuestos para invesriones, subvenciones o compras. Artadi precisó que la cifra está todavía por concretar y se encargará un informe.