Rigau: «No paramos el 9N porque no sabíamos qué suspendía concretamente el TC»

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha justificado este martes, en su declaración como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que no pararon la consulta sobre la independencia del 9N porque no sabían exactamente qué preparativos ordenaba suspender el Tribunal Constitucional (TC). Según han explicado fuentes judiciales, en una declaración de poco más de una hora la consellera ha explicado que ella no recibió la comunicación del TC, sino el presidente de la Generalitat el 6 de septiembre de 2014, pero no la consideraron una orden taxativa, con lo que siguieron adelante, y además presentaron un recurso de súplica preguntando qué se debía suspender en concreto.

Rigau, que se ha negado a responder las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones, también ha constatado diferencias que hubo entre la consulta prevista inicialmente -con la orden del TC decidieron "parar máquinas"- y lo que ha calificado de proceso participativo posterior, cuya organización recayó esencialmente en los voluntarios y que decidieron no parar, según ha dicho.

También ha negado que la Conselleria diese órdenes a los directores de los centros educativos donde se pusieron las urnas sobre cómo actuar el 9N, sino que se limitaron a comunicarles --en dos reuniones en octubre entre personal de la Conselleria y los responsables de los centros-- la existencia de una página web con una guía sobre qué hacer si quisiesen ser voluntarios.

Sí ha reconocido que se utilizaron ordenadores nuevos para la consulta, pero ha negado que se compraran expresamente para el 9N, sino que eran para uso docente de los centros educativos y que sólo se usaron "puntualmente".

Se ha negado a responder a las preguntas de los fiscales, según fuentes de la defensa, porque no entiende el cambio de criterio de la Fiscalía Superior de Cataluña, que en un primer momento presentó un escrito a la Fiscalía General del Estado sobre por qué creían que el 9N no era delito, pero finalmente sí interpusieron la querella contra Rigau, Mas y la entonces vicepresidenta Joana Ortega, informa Ep.

Según las mismas fuentes, está previsto que ni el presidente de la Generalitat ni Ortega contesten tampoco a los fiscales, entre los que --en la declaración este martes-- estaba el fiscal superior de Catalunya, Jose María Romero de Tejada --que no ha intervenido--, y también estará en los interrogatorios a Mas y Ortega.

Preguntados por el magistrado del TSJC Joan Manuel Abril, los fiscales han rechazado --ante la negativa de la consellera a contestar a sus cuestiones-- dejar constancia de estas preguntas, y han dicho que ya las formularán si la causa llega a juicio; la acusación sí presentará por escrito sus preguntas en los próximos tres días.

INTERVENCION INICIAL

Antes de comenzar el interrogatorio, la consellera ha pedido al tribunal intervenir y ha manifestado que no entendía estar imputada por unos hechos tan graves alegando a que sólo accedió a que la gente pudiera votar, y ha dicho no ser consciente de haber cometido un delito de desobediencia --por lo que está imputada--, y mucho menos de prevaricación y malversación --delitos que podrían estar ligados--.

Fuentes de la defensas han explicado que prevén presentar ante el TSJC un escrito pidiendo el archivo del caso, aunque no lo harán hasta la próxima semana ya que esperarán a que se celebren los interrogatorios a Mas, Rigau y Ortega y a varios testigos que están pendientes.

El abogado Miquel Roca --uno de los letrados de la Infanta Cristina en el caso Nóos-- ha estado presente en la declaración de Rigau aunque no ha intervenido, y lo ha hecho por su amistad con la consellera y porque su despacho trabaja conjuntamente con el de Molins & Silva, que lleva el caso, han explicado fuentes de la defensa.

Respecto a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que aseguró que se sintió presionada para que su centro acogiera la consulta, Rigau ha reconocido que se contactó telefónicamente con ella para preguntarle si iba a entregar las llaves y que, al negarse, se optó por colocar las urnas en otro colegio cercano.

Para Rigau, la prueba evidente de que ella no dio orden alguna en relación a la organización del 9N es que no forzó la apertura de ese instituto de L'Hospitalet, como podría haber hecho al ser de un centro de titularidad pública.

La consellera ha alegado también que los ordenadores que se utilizaron en la votación en los centros educativos fueron adquiridos a cargo de una partida de gasto corriente de Enseñanza, dado que su destino era precisamente determinadas escuelas, informa Efe.

En la línea de defensa que Mas ya apuntó en una entrevista tras su imputación, la consellera ha afirmado que el TC no respondió cuando la Generalitat le pidió que concretara qué actos había suspendido en su resolución del pasado 4 de noviembre, por lo que no se puede hablar de desobediencia a su resolución.

En ese sentido, ha señalado que la Abogacía del Estado no presentó recurso contra la consulta alternativa del 9N hasta días después de que se organizara la votación como un proceso organizado por voluntarios, una demora que, en su opinión, pudo provocar que el TC no llegara a tiempo para responder al requerimiento de concreción del gobierno catalán.

La declaración de Rigau, como la del resto de imputados, ha sido grabada en vídeo y su defensa ha pedido que las imágenes no sean pixeladas, como se suele proceder en los interrogatorios a los testigos.

La defensa de la consellera ha anunciado, además, que la semana próxima presentará un escrito en el TSJC para pedir que archive la querella del 9N. Efe