El juez ordena vigilar una prótesis de Traiber

El caso de Carme Romeu es uno de los tantos que han aparecido después de que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ordenase la retirada de todos las productos de la empresa Traiber –fabricante de prótesis de cadera, rodilla y columna–, tras constatar que estaban caducados y eran defectuosos. Quince años después de que le implantasen una prótesis de esta marca en el San Joan de Reus, Carme hoy volverá al mismo hospital para que se la extraigan aquejada por los fuertes dolores que le provoca. Será un forense judicial el que custodie este aparto ortopédico hasta el departamento de Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universitat Politécnica de Catalunya, encargado de peritarlo.

Esta decisión judicial corresponde al último eslabón de una investigación que se inició a principios de abril y que desembocó en uno de los mayores casos de corrupción política y fraude fiscal vivida no sólo en la localidad tarraconense, sino también en Cataluña.

Después de que una ex empleada de Traiber alertase de que la empresa estaba fabricando las prótesis con piezas caducadas, la AEMPS comunicó la veracidad de la denuncia a la Fiscalía. Tras meses de pesquisas, comprobó que el dueño de Traiber, Lluís Márquez, –vocal de la Cámara de Comercio de Reus y persona de gran influencia en la localidad–, junto con el director financiero de la empresa, Eduard Corrocher, –concejal de salud de CiU en el pueblo vecino de Les Borges del Camp– estaban presionando al nuevo jefe del Servicio de Traumatología del Sant Joan para comprar estos productos sanitarios en mal estado. Para ello se valieron del poder y la complicidad de la teniente de alcalde de Reus (CiU), Teresa Gomis, y el concejal de promoción económica, Marc Arza. Lo sorprendente del caso para la Fiscalía fue comprobar que los responsables del hospital de Reus, tras dar varias negativas a Márquez, Gomis y Arza, aceptasen finalmente comprar las prótesis sabiendo la situación en la que se encontraban.

Destapada la trama de corrupción sanitaria –una de las vertientes del caso Innova–, el juez imputó a todos lo implicados por delitos contra la salud pública, una decisión que provocó la ira de los convergentes puesto que consideraban que era una maniobra para desprestigiar al partido de cara a las municipales. El presidente de la Generalitat llegó a decir que Teresa Gomis «fue tratada como una terrorista» cuando la detuvieron. Y no sólo eso. También aceptó que Marc Arza, el concejal de promoción económica de CiU en Reus, siguiese en las listas para las municipales a pesar de estar imputado por el caso Traiber.

Ninguno de estos políticos dedicó, sin embargo, ninguna palabra a los 250 pacientes afectados. Tampoco a los 20 que, como Carme Romeu, han tenido que ser operados de nuevo. Además, no se descarta que aparezcan nuevos casos. Hay más de 6.000 personas que llevan las prótesis de Traiber en España –si bien el grueso se concentra en Cataluña, con 2800, y más concretamente Reus, con 1.400– y otros tantos en los 15 países europeos a los que se exportó este producto.