El juez apreciará que hay indicios de delito para juzgar a Mas

La instrucción entra en la recta final y las últimas diligencias han «apuntalado» su responsabilidad.

La instrucción por la querella interpuesta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se sumó a la que ya había presentado Manos Limpias, contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau por la consulta del 9-N ha entrado en su recta final. De hecho, se prevé que en pocas semanas como máximo el instructor de la causa, Joan Manuel Abril, termine la investigación y dicte el correspondiente auto de transformación de la misma en Procedimiento Abreviado, en una resolución en la que apreciará que los tres querellados pudieron cometer delito al permitir la celebración de esa consulta, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. En concreto, aludirá a un delito de desobediencia, mientras que el relativo a la posible malversación de caudales públicos no está tampoco descartado.

Las últimas diligencias practicadas, en concreto las declaraciones producidas el pasado 21 de enero de dos informáticos de la empresa T-Systems, contratada por la Generalitat para el 9-N, vinieron a apuntalar los indicios del delito de desobediencia. Ambos admitieron que instalaron la aplicación informática usada en la votación tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), y aseguraron que ésta se confeccionó con callejeros, pero no con bases de datos personales.

Los técnicos de T–Systems reconocieron que apuraron al máximo los plazos de ejecución del encargo, de forma que instalaron en los ordenadores portátiles usados para la votación entre el 7 y 8 de noviembre, días después de que el TC suspendiera la consulta independentista. Además, admitieron que técnicos de la empresa trabajaron la jornada del 9-N para asesorar a los voluntarios ante las incidencias que pudieran surgir durante la votación y permanecieron de guardia por si era preciso que actuaran para repeler ataques informáticos a la web de la votación.

Antes de esas declaraciones, el instructor había solicitado al Departamento de Presidencia de la Generalitat quiénes fueron los responsables de esos ficheros automatizados, así como los «encargados del tratamiento de los datos y cualquier autorización derivada de los anteriores» y, como aspecto muy relevante, que se informase al TSJ sobre el «instrumento y cesión de los datos contenidos en dichas bases a los efectos de su utilización en el proceso» de votación el 9-N.

Precisamente, esas diligencias fueron las que determinaron que la pasada semana la Fiscalía del TSJ catalán pidiera al instructor de la causa que remitiera al Tribunal Supremo una exposición razonada para poder investigar al ex conseller de Presidencia y actual diputado de Democracia y Libertad Francesc Homs por un delito de desobediencia, principalmente por la relación del Departamento de Presidencia con el encargo de los servicios informáticos necesarios, después de que los dos técnicos de la mencionada empresa confirmaran que la Generalitat les pidió que continuaran con los trabajos informáticos encargados, vinculados a la consulta soberanista del 9-N.

De esta forma, las fuentes consultadas consideran que la instrucción está ya «prácticamente terminada» y sólo restaría apuntalar algunos extremos para dar por finalizada la misma, que culminará con un auto del instructor, donde pedirá al fiscal y acusaciones que se pronuncien sobre si consideran que lo procedente es abrir juicio oral contra Mas, Ortega y Rigau, sólo contra algunos de ellos o es necesario la práctica todavía de algunas diligencias. Esa resolución supondrá, de facto, el inicio para ver sentados en el banquillo a esos dirigentes independentistas, toda vez que tanto el fiscal como las acusaciones solicitarán que se proceda a la apertura de juicio oral.

De hecho, no está previsto, al menos en estos momentos, la práctica de nuevas y relevantes diligencias que pudieran dilatar excesivamente la finalización de la investigación y dar inicio a la fase que culminará con la apertura de juicio oral.

En la declaración que prestó el pasado 15 de octubre ante el instructor de la causa, el propio Artur Mas se responsabilizó de la consulta del 9-N, y, por tanto, de todo lo que de ella se pudiese derivar: «Soy el máximo responsable político» y «no hace falta que busquen más. El responsable soy yo», afirmó para no dejar lugar a dudas.