El Parlament aprueba la reforma que permitirá la ley de ruptura exprés

Junts pel Sí y la CUP aprueban el cambio del Reglamento para neutralizar a la oposición.

El independentismo allanó ayer su camino hacia el referéndum del 1 de octubre. Junts pel Sí y la CUP unieron sus votos para aprobar la reforma del Reglamento del Parlament, que servirá para aprobar por la vía exprés las leyes de desconexión. Con esta modificación, los separatistas podrán dar luz verde por el trámite de urgencia a la Ley del Referéndum y a la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Sendas normas, la primera que dará cobertura al 1-O y la segunda que generará el nuevo marco legal catalán si gana el «sí», se podrán aprobar por la vía de la lectura única, mecanismo hasta ahora previsto solo para proyectos de ley impulsados por el Govern o para proposiciones de ley que cuenten con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Tras esta reforma, esta vía podrá ser usada si cuenta con una mayoría de fuerzas favorables a emplearla, y las dos leyes se podrán aprobar con un solo debate y en un solo día, y sin opción para presentar enmiendas. De esta manera, los líderes separatistas persiguen que el Tribunal Constitucional no tenga margen para poder impugnarlas, ya que permitirán transitar de la legalidad española a la catalana.

En este caso, la Ley del Referéndum, que ya ha sido presentada, presumiblemente se registrará en el Parlament a finales de esta semana, aunque esto no suponga que se admita a trámite, y probablemente se aprobará en el pleno del próximo 6 de septiembre, el primero después del periodo vacacional. Por otro lado, la Ley de Transitoriedad Jurídica se dará a conocer antes de que termine el mes de julio, según han apuntado diversos dirigentes independentistas, y todavía no está claro su calendario de tramitación, ya que ha suscitado divergencias entre las fuerzas separatistas. Por un lado, ERC y la CUP apuestan por aprobarlas antes de la celebración del referéndum, mientras el PDeCAT se muestra más susceptible a esta posibilidad.

No obstante, los independentistas lo tienen todo bien atado. En esta misma reforma también han incluido un punto en el que se habilita la apertura del periodo de sesiones el 15 de agosto, cuando hasta ahora era el 1 de septiembre. De esta forma, se garantizan poder tramitar cualquier iniciativa parlamentaria antes del primer pleno –como por ejemplo las dos leyes de ruptura–.

Asimismo, la CUP consiguió también incluir una enmienda por la cual un investigado en un proceso penal por un delito de corrupción política sería suspendido de escaño durante tres meses, prorrogable en caso de que así lo decida la comisión del Estatuto de los Diputados. Esta medida, ahora mismo, tendría una afectación directa sobre el ex conseller de Justicia y ex miembro del PDeCAT (antigua Convergència), Germà Gordó, que está siendo investigado por el caso del 3% de CDC.

La reforma del Reglamento obtuvo luz verde, aunque ante una oposición muy enfurecida por la actitud que han mantenido los dos grupos independentistas durante su elaboración. Y es que Junts pel Sí y la CUP han utilizado su mayoría para pasar como un rodillo sobre el resto de fuerzas políticas y han dado poco recorrido a sus peticiones.

En este sentido, el diputado de Cs José María Espejo-Saavedra tildó la reforma de «cacicada», mientras el diputado del PSC, Ferran Pedret se quejó de que «atropella los derechos de la oposición» ya que restringe el número de debates, la posibilidad de presentar enmiendas y el margen para pedir que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) diga si las leyes se adecuan a la Constitución o el Estatut.

Por su parte, el portavoz del PP, Alejandro Fernández, la consideró como «un espectáculo dantesco, una estrategia lunática y una astucia cutre y veraniega», y el portavoz de los «comunes», Joan Coscubiela, acusó a Junts pel Sí y la CUP de pisar los derechos democráticos y les advirtió de que lo que se propone hacer el 1-O «no es un referéndum ni nada que se le parezca».

También ha contado esta reforma con un dictamen del CGE y de los letrados del Parlament en contra. El primero consideró que la aprobación por lectura única solo es aconsejable para leyes de «escasa sensibilidad social o política», y en este caso, estas normas no se adecuarían a este requisito. Los segundos, en un informe, advirtieron que la reforma del Reglamento precisaba de un consenso más amplio.