El Síndic acusa a Maristas de ocultar información

La gravedad de los hechos relacionados con los presuntos abusos sexuales en el colegio de los Maristas de Barcelona, con una veintena de denuncias ya investigadas, obligó al Síndic de Greuges a convocar una reunión con los departamentos de Interior, Asuntos Sociales y Enseñanza, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía Superior y la Delegación del Gobierno para abordar si fallaron los protocolos en este asunto.

En una posterior comparecencia, el Síndic, Rafael Ribó, atacó con dureza tanto al colegio como a la Generalitat. Concretamente, denunció que no se activó el protocolo que se estableció en 2006 a raíz del caso Alba, la niña que sufrió agresiones por parte de sus progenitores y que ni puede caminar ni hablar. También dijo que no se iniciaron los mecanismos de protección pese a que un alumno se había quejado de abusos por parte del ex profesor de gimnasia Joaquín Benítez.

Ribó aseguró que detectó «descoordinación» y «falta de comunicación» entre la escuela, Enseñanza y la Fiscalía, «falta de coordinación» con los Mossos d’Esquadra y la dirección general de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (Dgaia), así como el incumplimiento «flagrante» del citado Protocolo Marco contra el maltrato infantil.

A juicio del Síndic, la cúpula de Maristas–Les Corts «no respondió como lo tendría que haber hecho», ya que pese a que el vicario provincial denunció ante la Fiscalía a Benítez en 2011, no comunicó el caso ni a Enseñanza ni a la Dgaia. Contundente con el centro, Ribó denunció que «ocultaron las quejas del alumno denunciante sobre el ex profesor a las autoridades responsables sobre los hechos, y que también lo silenciaron ante la comunidad educativa y las familias.

La Generalitat tampoco se salvó de las quejas del Síndic. Recriminó a Enseñanza que «no hizo suficiente difusión y formación» de la obligatoriedad del cumplimiento de los protocolos, lo que, en su opinión, impidió actuar a la administración para garantizar la protección de los menores.

Retirar el concierto

Por su partel Ayuntamiento pidió la retirada del concierto de la escuela, y anunció que estudiará personarse en la causa judicial como acusación a través del Consorcio de Educación a favor de las víctimas.

El comisionado de Educación y Universidades, Miquel Essomba, ha resaltado que inmediatamente después de que se conociera el caso de abusos en el centro, exigió en el marco del Consorcio la apertura de un expediente para aclarar los hechos.

El Consistorio informó de que solicitará la retirada del concierto educativo a la escuela, en el caso de que se demuestre que este centro no cumplió con los requerimientos establecidos por los protocolos de actuación ante los casos de acoso y abusos a menores.

En la misma línea se mostró la Generalitat. La consellera de la Presidencia, Neus Munté, explicó que Enseñanza analizará si debe mantenerse o no el concierto educativo para la escuela, «una vez haya una resolución judicial».