El TSJC cita a Gordó el próximo lunes como imputado por el 3%

EL ex conseller dice que «no cambia nada» y seguirá como diputado en el Parlament

Germà Gordó abandonó el PDeCAT en junio y desde entonces es diputado no adscrito
Germà Gordó abandonó el PDeCAT en junio y desde entonces es diputado no adscrito

EL ex conseller dice que «no cambia nada» y seguirá como diputado en el Parlament.

El ex conseller de Justicia y ex miembro de Convergència, Germà Gordó, ha sido citado para declarar como investigado el próximo lunes a raíz del caso 3%. El juez también interrogará el mismo día al ex tesorero de CDC Andreu Viloca. Como telón de fondo, el presunto papel de Gordó como intermediario en el pago de comisiones de empresarios a su antiguo partido a cambio de adjudicaciones. El ex conseller es a día de hoy diputado no adscrito en el Parlament después de dimitir del PDeCAT, por lo que conserva su escaño.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abrió una investigación sobre la presunta financiación ilegal de CDC y los indicios apuntan a Gordó. El origen del caso del 3%, sin embargo, radica en un juzgado de El Vendrell que solicitó el apoyo del TSJC ante la condición de aforado de Gordó, tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción, después de que algunos empresarios detenidos admitieran que en sus comunicaciones se habían referido a él con los nombres clave de «Gerardo» o «Gregorio». Además, los atestados de la Guardia Civil que investiga el caso apuntan a que Gordó mantuvo entre los años 2011 y 2012 varias reuniones con empresarios adjudicatarios de obra pública que hicieron sospechar de su papel de intermediario en la trama.

El TSJC cree que hay indicios de que el exconseller de Justicia consiguió presuntamente que Constructora Pirenaica (Copisa) donara 100.000 euros en 2012 a las fundaciones Catdem y Fòrum a cambio de una adjudicación del Consorci d’Educació de Barcelona y del contrato de obras de mantenimiento de varios edificios escolares públicos, que ascendían a 4,7 millones de euros. El exconseller, cree el TSJC, también intervino supuestamente en la adjudicación de dos contratos por 39,6 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona a una UTE integrada por las empresas Copisa, Comsa, ACSA y Benito Arnó.

El diputado, por su parte, negó ayer la mayor y volvió a descartar dejar el acta de parlamentario pese a la citación judicial. «Como no ha sucedido nada nuevo, no hay nada nuevo desde el punto de vista de continuar las funciones como diputado», dijo. Y recordó que tanto él como su plataforma, Nova Convergència, ya decidieron no abandonar el acta a principios de junio, cuando se conoció que el TSJC le estaba investigando, lo que provocó que tuviera que abandonar el PDeCAT.

El exconseller también obtuvo supuestamente, según sospecha el instructor, diversos regalos personales de la empresa Oproler a cambio de adjudicaciones aprovechando su relación personal y política con Josep Manuel Bassols, esposo de la magistrada del TSJC Núria Bassols.

Hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre el 2010 y el 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (GISA).