ERC prepara al Parlament para echar otro pulso al TC

Desde que Ada Colau dio el salto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la alcaldía de Barcelona, la clase política presta más atención a este grupo de activistas, que junto a otras entidades impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular que acabaría convirtiéndose en la ley 24/2015. Conocida popularmente como ley de Emergencia Social, la ley 24/2015 está en boca de todos desde que el viernes el Gobierno recurrió algunos de sus artículos. El recurso llegó un día después de que el Gobierno y la Generalitat restablecieran formalmente el diálogo con una reunión entre los vicepresidentes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. Aunque la vicepresidenta insistiera en que el Gobierno «sólo recurre algunos aspectos procesales que afectan a la igualdad de los españoles ante la ley», para Carles Puigdemont supone «un portazo a las familias más necesitadas».

La suspensión cautelar deja intactas las ayudas para paliar la pobreza energética, pero afecta a los artículos que buscan atenuar los desahucios, como las medidas de segunda oportunidad para hogares endeudados o la obligación de las entidades financieras de ceder pisos vacíos. Suficiente para que Puigdemont rebatiera que «no se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa en donde vivir». Y encontrar un argumento para convocar hoy martes en el Palau de la Generalitat a todos los partidos, las cuatro alcaldesas metropolitanas –L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Barcelona–, los sindicatos, la PAH y una veintena de entidades sociales. El portavoz de la PAH, Carles Macías, avisó ayer de que no van a hacerse una foto con el president de la Generaltiat como hizo Pedro Sánchez. «Queremos que se detallen acciones concretas», dijo.

La PAH apuesta por aplicar los artículos que no se han suspendido y buscar alternativas legales a los artículos recurridos, ERC en un movimiento con el que se avanza a la CUP, aboga por la desobediencia. Macías pedirá al Govern que se aplique «lo que se ha salvado». Avanzó que apremiará a la Generalitat a poner en alquiler pisos vacíos (cuentan unos 16.000), a aumentar la partidas presupuestaria en ayudas para el alquiler social y a negociar con las suministradoras para que firmen convenios, den ayudas a fondo perdido y descuentos a familias en riesgo de exclusión. La PAH no es la única que se presentará a la cumbre en defensa de la ley de emergencia en materia de vivienda y pobreza energética con una lista de peticiones.

Los republicanos pedirán que el Parlament de Cataluña ratifique la ley sin tener en cuenta el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. «Estamos hartos de que el TC acabe dinamitando nuestras leyes», advirtió el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. «No podemos aceptar que el TC, que es un órgano corrompido en sus funciones porque actúa de forma partidista al servicio de los partidos españoles que defienden el status quo, PP y PSOE, atente contra la soberanía del Parlament», insistió.

ERC prepara el camino para forzar un voto de desobediencia en el Parlament. «Lo importante es hacer preeminente a nuestro Parlament por encima del TC», subraya el portavoz republicano. CDC no utiliza la palabra «ratificación», como sí hace ERC, y el viernes Puigdemont habló de «garantizar las voluntades de la ley», pero Tardà ignoró los matices y defendió que tanto monta, monta tanto.

Las izquierdas pelean ya por abanderar la lucha contra la pobreza energética de cara al 26-J. La precampaña está en marcha. ERC se ha avanzado a la CUP en el Parlament, que ha anunciado para hoy rueda de Prensa, con la idea de desafiar al Estado a través de la propuesta para ratificar la ley de emergencia social recurrida.

Ada Colau, que sí se implicó en las generales con la coalición En Comú Podem, también busca reconocimiento. Tras reunirse con representantes de la PAH, entidad de la que fue portavoz, también llamó a ignorar la suspensión de la ley de Emergencia Social. Alegó que desde que esta en marcha, hace sólo cuatro meses, el Ayuntamiento ha frenado 639 desahucios, se han enviado 1.500 requerimientos a tenedores de vivienda y se han logrado 104 alquileres sociales.