Girona excedió sus competencias al fletar trenes soberanistas en la Diada

Una sentencia, hecha pública ayer, del juzgado contencioso–administrativo 1 de Girona anula el decreto del Ayuntamiento del mismo municipio que permitió fletar dos trenes para asistir a la manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre.

El magistrado instructor del caso señala en el fallo que la decisión de fletar trenes «excedió el ámbito competencial del Consistorio», presidido por Carles Puigdemont (CiU). Indica la sentencia que este Ayuntamiento «intentó utilizar las supuestas competencias municipales en la búsqueda de un beneficio claramente político».

La Delegación del Gobierno, que interpuso la denuncia, consideró ayer que con esta sentencia se ha cumplido con la legalidad vigente. Fuentes de este organismo valoraron muy positivamente el fallo, especialmente el hecho de que se destaque que el Ayuntamiento de Girona se excedió en sus competencias.

Decreto anulado

La sentencia anula concretamente el decreto municipal del 7 de septiembre del año pasado, cuatro día antes de la manifestación, a través del cual el Consistorio gerundense contrató este servicio especial de trenes.

Considera el juez que «la celebración de la manifestación independentista y su trascendencia excedían el ámbito de competencia municipal, porque las reivindicaciones iban más allá de los asuntos municipales».

Añade el fallo que «lo que se pone de manifiesto con la actuación del Ayuntamiento demandado es el intento de utilización de supuestas competencias municipales, no en beneficio de los vecinos sino en la búsqueda de un beneficio político, intentando apropiarse de una convocatoria política no realizada por ninguna administración pública, que en ningún momento anterior había dado lugar a actuaciones parecidas, como lo demuestran las diferentes declaraciones realizadas por responsables municipales, e intentando beneficiarse de su éxito con las consecuencias políticas posteriores, ya conocidas».

Por otra parte, el juez también estima que «no se puede obviar que la Delegación del Gobierno incurrió con este asunto en un intento de utilización de las instituciones con la intención de lograr beneficios de carácter político o electoral», una situación que sorprende, ya que admitió la denuncia a trámite.

El magistrado acuerda en el fallo que cada parte sufrague a l 50 por ciento los costes ocasionados por el proceso judicial. En este sentido, el fallo recuerda que la contratación de estos trenes no afectó al dinero público, porque los usuarios pagaron diez euros, y que los beneficios sobrantes de la venta de entradas se destinaron al Banco de los Alimentos, una cifra que ascendió a unos 2.500 euros. Puigdemont criticó la denuncia del Gobierno y dijo que fletará otros trenes si hace falta.