Presentarán una demanda contra la Generalitat por incumplir el convenio suscrito y advierten de que se avecina el «caos» tributario.

Las prisas con que la Generalitat está desarrollando sus planes para poner en marcha una Hacienda propia han puesto en pie de guerra al Colegio de Registradores de la Propiedad de Cataluña, que desde hace 30 años se encarga de la liquidación de tributos cedidos a la Generalitat como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITPAJD). En función de dos convenios suscritos entre ambas partes, los registradores se encargan de la comprobación, liquidación y recaudación de los mencionados impuestos, pero la Generalitat ha decidido precipitar el fin de esta colaboración –que debía expirar el 30 de octubre y que quiere adelantar al 1 de septiembre–. Así las cosas, los registradores anunciaron ayer que presentarán una demanda contra la Generalitat.

«Demandaremos a la Genera- litat por incumplimiento de convenio. Ningún país sensato prescinde de su conocimiento. En esto, en la liquidación de estos impuestos, somos los mejores porque no hay nadie que sepa más que nosotros», dijo el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Luis Suárez, que no se explica las urgencias si no es porque se les considera como «un cuerpo extraño».

En la actualidad, el Colegio dispone de 270 empleados para hacer funcionar su maquinaria tributaria. La Generalitat planea incorporarlos a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) como personal interino mediante procesos de libre concurrencia. «Aquí hay mucha inquietud. Nadie tiene claro en qué condiciones puede hacer el traslado. Y ya les digo que si la ATC no incorpora al menos al 70 o al 80 por ciento de nuestro personal, el sistema no va a funcionar. No hay personal preparado como el nuestro», aseguró Suárez.

El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad es enormemente escéptico respecto a los planes de la Generalitat y se atreve a augurar que «difícilmente se va a evitar el caos». «Un calendario razonable para cambiar los procedimientos de la gestión sería de 18 o 24 meses», consideró. Y añadió que para que el millón de expedientes que se acumulan en los ordenadores de los registradores pasen de golpe a los de la ATC el día 31 de agosto por la noche debería producirse un «milagro científico».

Suárez trajo a colación en este punto lo ocurrido con el centro de grabación, digitalización y control situado en Valldoreix (Barcelona) –encargado de la informatización de las autoliquidicaciones–, cuyo servicio debía cambiar de manos del Colegio de Registradores a la ATC el 2 de enero y no lo hizo hasta el pasado 6 de febrero. Este retraso ha provocado la acumulación de expedientes por introducir en el sistema informático que suman más de 1.200 millones de euros y que ahora están en una especie de limbo.

El decano de los registradores afirmó, además, que la asunción de este servicio costará anualmente al Govern unos 50 millones de euros, el doble de lo que paga ahora a los registradores. «Nosotros costamos la mitad y recaudamos el doble», concluyó.