La Guardia Urbana se rebela contra Colau

Durante su primer año al frente del Ayuntamiento, la alcaldesa, Ada Colau, ha tropezado una y otra vez con la misma piedra. Y no es otra que el top manta. Con el añadido de que las polémicas continúas han erosionado la ya de por sí difícil relación entre el gobierno de Barcelona en Comú y la Guardia Urbana. El viernes pasado, sin ir más lejos, el teniente de alcalde Jaume Asens se tomó la libertad de llamar al bufete de abogados que maneja la policía municipal con el objetivo de evitar que se pidiera pena de prisión para el mantero que agredió, precisamente, a un urbano. La coincidencia ha querido que justo ayer tocaba presentar el nuevo plan director de la Guardia Urbana y sus responsables, ante la propia alcaldesa, no se cortaron a la hora de escenificar el cisma existente entre el cuerpo y el gobierno municipal.

Así, tanto desde el cuerpo municipal como desde el sindicato Sapol reclamaron a Colau que se investiguen a fondo los hechos por si hubo injerencia por parte de Jaume Asens y que «se tome una decisión». Desde el sindicato añadieron que sus servicios jurídicos están estudiando el caso y que le harán llegar a la fiscalía por si considera que debe actuar de oficio. Colau aseguró que confía plenamente en Asens y que quiere hablar directamente con la abogada de la Guardia Urbana. La alcaldesa reconoció que Asens llamó a los abogados del agente y que «tuvieron un intercambio de impresiones» pero no le consta que hubiera «ninguna injerencia» en ningún sentido. Desde Barcelona en Comú argumentan que les votaron precisamente para hacer otro tipo de política. Y cabe la posibilidad de que así sea. Eso no quita, sin embargo, las dudas que siembra el activismo llevado a las instituciones. Mucho más cuando se trata de una plaza tan importante como Barcelona.

Las reacciones de la oposición, por lo tanto, no se hicieron esperar. Mientras la actitud de Asens fue aplaudida desde la CUP, su edil Josep Garganté protagonizó no hace mucho otra polémica con manteros, las críticas de PP, CiU y Ciutadans fueron especialmente mordaces. El PSC, a punto de entrar en el gobierno de Colau, prefirió ponerse de perfil. El líder municipal del PP, Alberto Fernández, exigió explicaciones a la alcaldesa y señaló que, si se demuestra que ocurrieron las presiones, la primera edil debería cesar a Asens. Por ello, advirtió: “Si estas explicaciones no son suficientemente contundentes o claras y no se exigen responsabilidades, reclamaremos otro tipo de responsabilidades que afectarían a la propia alcaldesa». Fernández recordó que «el Ayuntamiento esta personado como acusación particular y no como abogado codefensor del mantero agresor».

El portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn, señaló que han pedido una comparecencia de Asens sobre los hechos, y añadió que la Guardia Urbana está desamparada ante el gobierno municipal. «Querer hacer de antisistema y a la vez querer gobernar la ciudad es imposible», añadió. Desde Ciutadans, Carina Mejías afirmó que «los que están en Barcelona para delinquir se han apoderado de la ciudad» y se enfrentan a la Guardia Urbana «sin límite». A su juicio, la Guardia Urbana «ha perdido toda autoridad» en Barcelona, por lo que los agentes se sienten «humillados y despreciados».

El presidente del grupo municipal de ERC en el ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, recordó a tercer teniente de alcalde Jaume Asens que «no puede llamar a abogados para negociar». Para Bosch, «un teniente de alcalde debe ser consciente de que no es un abogado de un bufete, no puede llamar a abogados para negociar».

El nuevo plan director

Mientras, el Ayuntamiento presentó el plan director de la Guardia Urbana con el que se creará la Unidad de Refuerzo de Proximidad y Emergencias de la Guardia Urbana, que sustituirá a la Unidad de Apoyo Policial, conocida como la unidad antidisturbios del cuerpo. Sus agentes se dedicarán también a la gestión de emergencias, a tareas del medio ambiente y administrativas. Es unos de los principales ejes del nuevo Plan Director de la Guardia Urbana, que también plantea destinar un “policía de barrio” a cada uno de los 73 de la ciudad, para que sea un agente de referencia para los vecinos. El papel de estos agentes será hacer de interlocutor con la ciudadanía y de representante de la Guardia Urbana ante las asociaciones y los vecinos