La nueva ley de costas prorroga más de 200 concesiones

BARCELONA- La nueva Ley de Costas, aprobada anteayer, introduce «sentido común» en el litoral y protege los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados por la norma anterior de 1988, explicó ayer el secretario de Medio Ambiente, Federico Ramos. Y este sentido común se traduce, en Cataluña, en que 206 concesiones se van a prorrogar hasta 2063, en vez de perder su vigencia en 2018 y que dos núcleos urbanos, Platja d'Aro y Empuriabrava dejan de considerarse de dominio público y quedan excluidas de la ley.

Para la jefa de demarcación de costas de Barcelona, María R. Toledano, la nueva norma «facilita legalizar estas situaciones». De hecho, el propio Ramos señaló que en cada Comunidad Autónoma la Ley de Costas de 1988 situó al 90 por ciento de construcciones y ocupaciones existentes en «un limbo jurídico o alegalidad». Actualmente, en territorio catalán hay 5.129 ocupaciones en dominio público terrestre, de las que 2.000 son viviendas y de éstas sólo 430 disponen de un concesión, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Prácticamente la totalidad de estas residencias se encuentran en Girona. La nueva ley, además de dar seguridad jurídica a los propietarios que perdieron sus derechos con la antigua ley, busca garantizar la regularización de aquellos casos que hace casi 30 años no pudieron iniciar dicho proceso. Eso sí, se mirará al detalle caso por caso y, de momento, el Gobierno desconoce cuándo podrán iniciarse los trámites.

De las viviendas afectadas, 206 debían ser derrumbadas en 2018, según el plazo establecido por la ley de 1988, «con el perjuicio económico que eso comporta», dijo el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo. Ahora, los concesionarios cuentan con 75 años, aunque, cabe señalar que las licencias no se renovarán automáticamente.

«La nueva ley pretende garantizar la conservación medioambiental, dotar de seguridad jurídica y compatibilizar la protección al medio ambiente con el desarrollo de actividades económicas», insistió el subdelegado del Gobierno en Barcelona. Pero, «donde antes era ilegal construir, seguirá siéndolo», puntualizó Ablanedo tal y como había dicho el secretario de Medio Ambiente del Gobierno.

En cuanto al caso concreto de Empuriabrava, para el Gobierno, el núcleo en sí «carece de interés medioambiental» y por ello la ley lo excluye de su articulado. Ahora bien, la marina, es decir los canales navegables que recorren la zona urbanizada, se considera de dominio público y por lo tanto sí queda sujeta a la nueva Ley de Costas.