Los alcaldes se unen contra la ley de vivienda del Govern

Las principales ciudades metropolitanas exigen a la Generalitat que regule los alquileres y la ocupación de pisos de bancos en la nueva normativa.

El pasado 7 de octubre, Catalunya Sí Que Es Pot, la rama catalana de Podemos, llevo al Parlament una propuesta recogida del Ayuntamiento de Barcelona que abogaba por regular los precios de los alquileres en la ciudad tal y como hacen Berlín o Paris. Al fin y al cabo, dentro de Junts pel Sí cohabita un partido de izquierdas como ERC, debieron pensar. Nada más lejos de la realidad, el conseller de Economía, Oriol Junqueras, despachó la medida sin despeinarse con los votos a favor del PP. Pero sólo era el primer asalto. Los alcaldes de las seis ciudades principales del área metropolitana barcelonesa se reunieron ayer para hacer frente común contra las políticas de la Generalitat en materia de vivienda por su falta de ambición.

Las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau; L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; Badalona, Dolors Sabater, y Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y los alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart, y Sabadell, Juli Fernández, se reunieron en el Ayuntamiento de Barcelona para analizar la futura ley de vivienda de Cataluña, que el lunes entra en su tramite final en el Parlament, cuando los grupos pueden presentar enmiendas, con la previsión de aprobarla en enero. Por ello, ante la tibieza de Junqueras, exigen que el texto obligue a los grandes tenedores a realojar las familias vulnerables desahuciadas y que prevea, una vez más, la regulación de los alquileres. También piden «valentía y ambición política» para que se aumente el presupuesto que acompaña a la ley y que la mitad de este no recaiga en las administraciones locales.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anfitriona del encuentro de ciudades con más de 100.000 habitantes, pidió a los parlamentarios catalanes que aprovechen «la oportunidad de esta ley para ir a máximos y no a mínimos» y que «tengan en cuenta la voz de los ayuntamientos». Colau señaló que la emergencia habitacional se agrava e insitió en la demanda de que la nueva ley obligue a los grandes tenedores a realojar a las familias vulnerables que ocupen a precario pisos y les impida imponer alquileres abusivos. Núria Marín, a su vez, reclamó «que la ley pueda levantar la suspensión» decretada por el Tribunal Constitucional para que «esté en pleno funcionamiento». Al respecto, Balart señaló que «es necesario que podamos ir al máximo e igualar la dignidad otra vez».

Por su parte, Núria Parlon alertó de que los «ayuntamientos estamos en una situación límite» porque, afirmó, «llevamos mucho tiempo abordando una situación de emergencia». Juli Fernández pidió «máxima valentía y ambición política» a la Generalitat y el Parlament, a los que también interpeló Dolors Sabater: «Debemos exigir a las administraciones que están por encima de nosotros la responsabilidad ante este drama».