Los discapacitados jóvenes tienen menos facilidades para trabajar

Un estudio de las fundaciones Atresmedia y Randstad señala sus importantes dificultades para hallar empleo

No es nada nuevo el señalar las dificultades de acceso al mundo laboral de los jóvenes españoles, entre los que el desempleo ronda el 46 por ciento, pero si a este binomio de empleo y jóvenes, que ya de por sí casa mal, unimos la variable de la discapacidad, el resultado es una tasa de desempleo del 72 por ciento entre las personas de 16 a 24 años.

Y es que, según los datos que revela el informe «Jóvenes, discapacidad y empleo» elaborado por la Fundación Ranstad y la Fundación Atresmedia, este colectivo es el que más padece la precariedad e inaccesibilidad al mercado laboral. Así pues, sólo el 29 por ciento de los jóvenes discapacitados tiene actualmente trabajo, cifra que contrasta con el porcentaje total de discapacitados en el mercado laboral, que ronda el 35 por ciento, y únicamente el 59 por ciento ha trabajado en algún momento de su vida –pero no ahora– mientras que en el colectivo en general este porcentaje se sitúa en el 62 por ciento.

Grado de formación

Este dato es especialmente significativo si tenemos en cuenta el grado de formación de estos jóvenes, que supera el del conjunto de los trabajadores discapacitados encuestados para el estudio. Así, el 48 por ciento de estos jóvenes cuenta con un título universitario o de Formación Profesional de grado superior, frente al 36 por ciento del colectivo en general.

Las condiciones laborales son una muestra más de las duras perspectivas en este ámbito para los jóvenes discapacitados, quienes, pese a su mayor cualificación respecto al grueso del colectivo, cuentan con relaciones laborales menos estables. Así pues, el 71 por ciento de los jóvenes discapacitados con empleo tienen un contrato temporal y sólo un 20 por ciento cuenta con contrato indefinido, mientras que para el conjunto de profesionales con discapacidad, estos porcentajes son de un 65 y un 28 por ciento, respectivamente. En este sentido, la duración media de la relación laboral del 60 por ciento de estos jóvenes es de menos de seis meses. Además, las dificultades laborales no desaparecen cuando estas personas ya han logrado acceder a un empleo.

Así pues, el 25 por ciento de los trabajadores discapacitados de entre 18–29 años denuncia la falta de oportunidades de desarrollo profesional, que concretan especialmente en la falta de ascensos y aumentos de sueldo. Así, la proporción de estos jóvenes que han ascendido en su carrera profesional (7 por ciento) es la mitad que la del conjunto de trabajadores con discapacidad (14 por ciento), mientras que en cuanto al aumento de sueldo, la proporción es una cuarta parte inferior (15 frente a 20 por ciento).

Curiosamente, estos datos contrastan con las informaciones aportadas por las empresas encuestadas con motivo de este estudio, Y es que si bien es cierto que el 80 por ciento de ellas cuentan con empleados con discapacidad en plantilla, de los cuales sólo un 10 por ciento tienen entre 18 y 30 años mientras que el 45 por ciento se sitúa en la franja de edad de los 31 a los 45 años, la mayoría de las empresas dice tener interés en llevar a cabo nuevas contrataciones sin embargo más de la mitad señala las dificultades que tiene para encontrar a una persona con discapacidad adecuada para los puestos que ofrecen. Y ello posiblemente esté vinculado a la falta de una política específica de contratación de personas con discapacidad –el 51 por ciento la tiene– en la entidad, unido a la escasa externalización de los procesos de selección en organizaciones especializadas para seleccionar y contratar personal con discapacidad (sólo el 40 por ciento lo hace).

El tamaño de la empresa es un factor determinante en el comportamiento de la entidad en relación con la integración de la discapacidad: las empresas de mayor tamaño (más de 250 trabajadores) cuentan en un 90 por ciento con personas discapacitadas en su plantilla y en el 78 por ciento de las de más de mil trabajadores hay interés por incrementar la presencia de este colectivo. Las empresas aseguran que la principal motivación para contratar a estas personas no es sólo el cumplimiento de la ley.