Puigdemont da luz verde a su primera «Ley de Estado»

Se trata de un proyecto para combatir el cambio climático que introducirá nuevos impuestos sobre vehículos contaminantes.

Carles Puigdemont, a su entrada a la reunión semanal del Gobierno catalán en el Palau de la Generalitat
Carles Puigdemont, a su entrada a la reunión semanal del Gobierno catalán en el Palau de la Generalitat

Se trata de un proyecto para combatir el cambio climático que introducirá nuevos impuestos sobre vehículos contaminantes.

Cataluña no es independiente pero ya actúa como tal. O al menos eso se desprende de la nueva acción del Govern de Carles Puigdemont, que ayer se estrenó con un primer proyecto legislativo presentado como «una ley de Estado» en palabras del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull. El ahora conseller –hasta hace bien poco número dos de Convergència– subrayó que el proyecto de ley del cambio climático se ha concebido «desde una nación, no desde una autonomía» y, como tal, se ha inspirado en las legislaciones más avanzadas del mundo desarrollado.

Rull presentó con toda grandilocuencia una ley que, en la práctica, los ciudadanos notarán por su efecto recaudatorio, ya que su objetivo es reducir las emisiones de carbono y para ello penalizará a los propietarios de los vehículos más contaminantes. Cuando la nueva fiscalidad entre en pleno funcionamiento el año 2020, la Generalitat se embolsará unos 75 millones de euros anuales, aunque, según Rull, más de la mitad de estos recursos se destinarán a conceder subvenciones para la compra de vehículos poco contaminantes.

La «ley de Estado» provocó la lógica pregunta. ¿Teme el Govern una impugnación ante el Tribunal Constitucional? «No nos extrañaría», respondió Rull, que consideró que el Gobierno «ha atacado siempre que ha podido el autogobierno de Cataluña».

En paralelo, el grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí) está ultimando la tramitación de tres leyes de ruptura con el Estado español (Transitoriedad Jurídica, Estructuras de Estado y Proceso Constituyente), todas ellas incluidas en la declaración aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre, la cual fue suspendida por el TC. La aprobación de estas leyes, sin embargo, no está prevista hasta el final de legislatura, es decir dentro de 18 meses.

De esta manera, los independentistas podrán sortear hasta ese momento al TC. Según explicó la portavoz de JxSí, Marta Rovira, el inicio de la tramitación de las leyes se producirá antes de 30 días (desde la creación de las comisiones parlamentarias), tal y como ya se indicaba en la declaración rupturista del 9N.

Según Marta Rovira, la aprobación parlamentaria de estos proyectos básicos del proceso soberanista coincidirá con la declaración de la independencia de Cataluña, que podría producirse inmediatamente después o simultáneamente, y a continuación se convocarían las elecciones constituyente de la nueva «República». «Tenemos un mandato democrático para ejercer la independencia que se reflejará con el debate y aprobación de las leyes básicas, que son la de Transitoriedad Jurídica, la del Proceso Constituyente y la de la creación de Estructuras de Estado (Hacienda y Seguridad Social)», afirmó.

Sobre la negociación de la investidura del presidente del Gobierno y la posibilidad de que un pacto PSOE-Podemos dé lugar a un Ministerio de la Plurinacionalidad, la portavoz del Govern, Neus Munté, se mostró completamente escéptica: «Para hacer un referéndum sólo es necesaria voluntad política, no hace falta crear ministerios».

Marta Rovira fue más contudente. «No hay ninguna duda de que desde el Estado español no habrá oferta de referéndum de autodeterminación», dijo la portavoz de Junts pel Sí, que subrayó que l a independencia es la opción que ganó en las urnas el pasado 27 de septiembre con un 48 por ciento de los votos. Sobre el Ministerio de la Plurinacionalidad, sentenció: «No veo que los catalanes hayan dado un mandato para tener un ministerio».