Torra se cobija en el Parlament y la sociedad civil para dar una respuesta a la sentencia

El Govern no desvelará sus cartas hasta que se publique el fallo y fía la vía de la desobediencia a la calle

Quim Torra sigue sin desvelar sus planes para dar respuesta a la sentencia del «procés» a pesar de que el fallo del Tribunal Supremo se publicará, con toda probabilidad, entre el lunes y el martes. Si bien, poco a poco empieza a vislumbrarse el alcance que tendrá la acción del Govern y, por el momento, parece que será limitada: en este sentido, el president ha reiterado hoy que tiene previsto someter a votación en el Parlament la propuesta que vaya a plantear junto al resto del ejecutivo, una manera de buscar la complicidad de la cámara catalana y evitar concentrar casi toda la responsabilidad en el Govern, y ha fiado la vía de la «desobediencia» a la sociedad civil.

Hasta ahora, el Govern ha guardado celosamente sus cartas. Tan solo la sociedad civil, encabezada por la ANC, Òmnium, los CDR o la enigmática plataforma «Tsunami Democràtic», ha hecho público algunos de sus planes. En este sentido, por ejemplo, la ANC y Òmnium anunciaron que impulsarán cinco marchas de tres días que partirán desde diferentes puntos de Cataluña –desde Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic y Berga (Barcelona)– y confluirán en Barcelona con el objeto de paralizar la autonomía. A esa iniciativa se han sumado los CDR. Sindicatos independentistas han convocado una huelga para el 18 de octubre, mientras que organizaciones estudiantiles han llamado a «vaciar las aulas» para «llenar las calles» tras la sentencia. Si bien, todavía quedan detalles de este ciclo de movilizaciones por explicitar.

De entre la amalgama de iniciativas que han ido surgiendo, el Govern ha evitado todavía posicionarse, aunque, en los últimos días, ha ido enfriando la vía de la «desobediencia institucional» –«no está encima de la mesa», aseguró la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó–, pero ha avalado la «desobediencia civil». «Ahora es posible que se utilice la desobediencia civil, que también es un derecho como el derecho de protesta, como el derecho a la concentración, como el derecho a la libertad», ha afirmado el president esta mañana en el Parlament, reforzando así el llamamiento que ya hicieron las entidades y los partidos independentistas (JxCat, ERC y CUP) a la «desobediciencia civil y la lucha no violenta» durante la celebración del segundo aniversario del 1-O.

Lo cierto es que, de esta manera, el Govern consigue diluir responsabilidades y evita comprometerse. En este sentido, el president se ha aferrado al Parlament para consensuar una respuesta institucional. «Yo soy el presidente de la Generalitat, pero este es el Parlament, que, ante una sentencia, que es el torpedo más grave contra la convivencia en Cataluña, tomará una decisión que se enmarque en los principios del derecho de autodeterminación, la democracia y los derechos humanos», ha afirmado.