Un mosso denuncia las trabas del Ministerio de Interior para ser trasladado a otro cuerpo

Está a la espera de los resultados de las elecciones del 28-A

Un agente de los Mossos d'Esquadra denuncia que el Ministerio del Interior desoye sus peticiones para cambiarse de cuerpo policial, pese a que la ley le ampara. Existe un motivo político.

El mosso en cuestión está disgusto con la «politización» que se hace del cuerpo por parte de la Generalitat, sobre todo en los últimos tiempos.

Este agente es hijo de otro policía que resultó gravemente herido en un atentado de ETA en los años 80, en el que resultaron asesinados otros compañeros.

El dato más importante es que la Ley de Víctimas del Terrorismo contempla preferencias laborales para el colectivo.

Según especifica dicha ley, serán consideradas víctimas del terrorismo, tanto los afectados como sus familiares directos, esto es, cónyuge (o persona análoga) e hijos («familiares de los fallecidos y de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados, hasta el segundo grado de consanguinidad»).

«No se ha hecho nada»», se queja el mosso a LA RAZÓN. DE momento, se mantiene a la espera de lo que pasará el próximo domingo. «Vamos a ver que hace el Gobierno», insiste, antes de recordar que pidió este traslado a través de de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Ahora tiene un mes de margen para interponer un recurso, y si no, irá por la vía contenciosa. «Parece que toda sea voluntad política», insiste.

La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que data del año 2011, asegura explícitamente la garantía de «movilidad geográfica y funcional» o «la reordenación de los tiempos de trabajo» para las víctimas. Existe un malestar importante dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra por lo que consideran un excesivo uso político del cuerpo.

De hecho, el sindicato Csif de los Mossos denunció ante el Defensor del Pueblo la politización por parte de la Generalitat de sus funciones, hecho que se agravó con la reunión del consejo de ministros que se celebró en Barcelona el pasado 21 de diciembre.

Volviendo a la citada ley, en el reglamento que lo desarrolla, que es de 2013, se contempla que las víctimas «para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral» tienen derecho « a la movilidad geográfica con el derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo». Pasa lo mismo con los empleados públicos.

El problema en este caso es que se trata de un agente de los Mossos, por lo que depende, obviamente, de la Generalitat. Junto a otros compañeros, que se pueden contar por docenas e incluso más –aunque muchos otros motivos– lleva tiempo denunciando la situación que sufren ahora.