Valencia y Cataluña crean un frente común para plantar cara al Gobierno

Los presidentes Puig y Puigdemont acuerdan la reciprocidad de las emisiones de la nueva TVV con TV3 en las dos comunidades autónomas y reclamar el Corredor Mediterráneo.

«Una jornada histórica en las relaciones entre la Comunidad Valenciana y Cataluña». Así lo manifestaron ayer los presidentes Ximo Puig y Carles Puigdemont tras el acuerdo bilateral que ambos celebraron en el Palau de la Generalitat Valenciana. En su agenda: ponerse al frente de la sociedad civil para reclamar al Gobierno central mejores infraestructuras para ambas comunidades, especialmente el Corredor Maditerráneo, que está atascado «por la falta de neutralidad en lo que sería la disposición de los fondos públicos por parte de un Gobierno que actuara con racionalidad».

A partir de ahora, las relaciones entre ambas comunidades irán más allá de esta reivindicación en la que coinciden todos los sectores económicos, académicos, políticos e institucionales. Además, a partir de ahora se desarrollarán reuniones bilaterales cada semestre para hacer un «seguimiento real del avance de las obras del Corredor Mediterráneo y la reciprocidad de las emisiones de la nueva RTVV y TV3, en las dos autonomías. Durante la reunión se firmó un acuerdo en materia turística para establecer «políticas transfronterizas comunes».

El presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, insistió en que «el momento de las quejas se ha acabado» para pasar al «tiempo de la realidad» que pasa por «ver pasar los trenes». En sus reivindicaciones aseguró que el nuevo Gobierno que se constituya «ha de saber que la gente del Mediterráneo exigiremos que un compromiso por el bien de los ciudadanos y de Europa».

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quiso hacer constar que «pase lo que pase» en Cataluña las relaciones que se ha iniciado continuarán «en cualquier circunstancia desde el respeto», pero añadió que le gustaría que Cataluña estuviera «siempre en España».

Puigdemont consideró que la realidad «es injusta» con las dos comunidades autónomas por un sistema «caduco» que aplica el Estado y que «castiga especialmente al arco Mediterráneo».