El Congreso aplaza in extremis la reforma estatutaria a petición del PP

Bellver dice que no renuncian a ella e insta al PSPV a tomar partido en el recorte de diputados. Torres condiciona el pacto a pedir la deuda o blindar servicios

La Junta de Síndics se reunió ayer para votar la petición de aplazamiento
La Junta de Síndics se reunió ayer para votar la petición de aplazamiento

VALENCIA- A las diez y veinticinco minutos de la mañana de ayer, el presidente de Les Corts, Juan Cotino, envió de urgencia a su homólogo en el Congreso de los Diputados, Jesús Posada, un escrito solicitando, en nombre del Parlamento valenciano, un aplazamiento del debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para blindar las inversiones estatales, que estaba previsto en el primer punto del orden del día. En ese mismo momento, la oposición valenciana también le hacía llegar una carta denunciando «ilegitimidad» en la solicitud y pidiendo que se celebrara la discusión. Posada, que estaba reunido en la Mesa del Congreso, decidió finalmente aceptar «sin otra consideración» la petición, aunque permitió que los diputados se pronunciaran al respecto en el pleno.

El representante del PP fue el diputado valenciano Gerardo Camps, que negó que el aplazamiento suponga un «perjuicio» para los valencianos. En esta misma línea habló ayer el síndic popular en Les Corts, Jorge Bellver, que subrayó de nuevo que ni su partido ni el Consell renunciarán a blindar las inversiones en función de la población.

El aplazamiento del debate se debe, según explicó, a la voluntad de unir esta reforma con la todavía pendiente, la del recorte de 20 diputados, para celebrar un único referéndum y evitar así los elevados costes que suponen.

Esta última propuesta, sin embargo, todavía está muy lejos del consenso, ya que la oposición ha expresado en múltiples ocasiones su disconformidad, al entender que se recorta en democracia. Pese a ello, Bellver se mostró confiado en poder aprobar ambas iniciativas. En este sentido, negó que la posibilidad de que su propio partido en Madrid rechazara la reforma haya sido el motivo del aplazamiento. «Todas esas hipótesis se dan de bruces con el hecho de que anunciáramos en abril el deseo de unir ambas reformas».

Esta explicación no satisfizo a la oposición, que incluso llegó a pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

El portavoz del grupo socialista, Antonio Torres, acusó al jefe del Consell de haber «humillado» a los valencianos y criticó que haya renunciado a los 500 millones anuales que supone garantizar el 10 por ciento de las inversiones estatales. Respecto a la supresión de 20 escaños, aseguró que el PSPV no ha recibido ningún borrador del proyecto, pero no cerró la puerta a un posible acuerdo. Eso sí, condicionado a otras cuestiones «más importantes» como la petición de la deuda histórica, el blindaje de los servicios sociales y el aumento de los mecanismos de transparencia. Además, señaló que intentarán llegar a acuerdos también con los minoritarios.

El diputado de EU, Ignacio Blanco, anunció que estudiarán acciones legales contra el aplazamiento.

Por su parte, el síndic de Compromís, Enric Morera, denunció que el presidente no defiende los intereses de los valencianos. «Desde el punto de vista político, tenemos una sucursal del PP de Madrid. Necesitamos un presidente reivindicativo».