La Generalitat no ha ejecutado las acciones de la Fundación Valencia C. F., no es dueña del 70 por ciento de las acciones del club y los 4,9 millones que se ha pagado del aval no se han detraído de los presupuestos, sino de una línea específica de la que dispone el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para hacer frente a las operaciones que resultan fallidas.

Estos son los argumentos que el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, repitió ayer para intentar restarle impopularidad a esta acción del Consell que ha enervado a muchos, especialmente a los que aún son acreedores del Gobierno.

Para que esta campaña no se quede solo en palabras, Císcar anunció que el Consell tiene un plan para recuperar este dinero. Quedará plasmado en una «hoja de ruta», que se presentará en las próximas semanas y que concretará cómo se va a producir el retorno de los 4,9 millones. «Se establecerán los procedimientos necesarios para reclamar el pago», aseguró.

También trató de explicar por qué el Consell ha optado por la opción de pagar los 4,9 millones si hasta ahora siempre había mantenido que abonaría «lo mínimo posible». Bankia puso sobre la mesa que el préstamo estaba vencido y que había que hacer frente todo el importe, 87 millones. La otra opción pasaba por concertar un nuevo préstamo con Bankia y que desapareciera el que actualmente tiene la Fundación. «No había desembolso inicial, pero se encarecían el principal y los intereses. Así, la Generalitat se convertía en accionista mayoritario del Valencia CF». Sin embargo, la Generalitat descartó esta opción porque considera que «no sería congruente seguir con la inercia de avalar clubes de fútbol».

Con todo, Císcar mantiene que la Fundación es la titular de las acciones y resaltó que la Generalitat es uno de los 15 patronos de los que constituyen este organismo. Lo que no dijo es que el Consell ha destituido a los patronos de la anterior etapa que no quisieron dimitir y que ahora la forman instituciones.

También instó a los diputados a seguir con atención los plenos, después de que LA RAZÓN publicara una fotografía de la diputada Milagrosa Martínez, imputada en la trama Gurtel estudiando francés en su escaño.