El edil de Serra ingresa en prisión acusado de un delito de asesinato

En su pueblo siguen sin creerse que haya podido perpetrar el crimen.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Llíria ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el concejal de la localidad valenciana de Serra detenido por su supuesta implicación en la muerte de su mujer en el incendio de la vivienda familiar ocurrido el 29 de julio.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la juez acordó, además, la suspensión de la patria potestad de los dos hijos menores de la pareja. La causa, que está bajo secreto, se abrió ayer por un posible delito de asesinato, tras la declaración prestada ante la jueza por el sospechoso, concejal de Esquerra Unida de esta población de la comarca del Camp del Túria situada a 28 kilómetros de Valencia.

Sin embargo, en la localidad valenciana de Serra siguen sin dar crédito a los hechos y en la mañana de ayer necesitaban una constatación más cierta para comenzar a aceptar y asumir lo que había pasado.

De hecho, el propio Consistorio, que había convocado en boca de su alcalde, una concentración a las doce de la mañana frente al Ayuntamiento como manifestación de repulsa por los hechos, la desconvocó a media mañana tras reunirse de forma urgente e informal los concejales del pleno y decidir que necesitaban una confirmación judicial de la acusación que la Guardia Civil había realizado. Contrariamente a lo ocurrido en otros casos de este tipo en que la mayoría de las opiniones que se recogen por la calle apuntan al manido «eso ya se veía venir» en esta ocasión es casi unánime la extrañeza. Los vecinos de Serra aceptan lo ocurrido ante la evidencia y la contundencia de la acusación de la Guardia Civil, pero todos albergan un hálito de esperanza de que todo haya sido un error. En el pueblo corre el rumor no confirmado de que Marcos Cabo se haya podido autoinculpar para encubrir a algún pariente cercano.

La cautela que demostró ayer el Ayuntamiento de Serra no la tuvieron la mayoría de las instituciones como la Generalitat Valenciana, Les Corts o la Diputación de Valencia.

Horas más tarde, la resolución judicial que ordenaba la prisión provisional sin fianza y la retirada de la patria potestad parece que apuntalaba la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.

El alcalde de Serra negó que el Ayuntamiento tuviera constancia oficial de desavenencias entre los cónyuges y aseguró que «en el pueblo se oyen muchas cosas, pero constancias no hay de nada de nada».