El Hospital de Manises, más económico que los públicos

Según un informe del ente auditador, este centro le cuesta a la Administración 721 euros anuales por habitante, por debajo de los 894 que se observa en el resto de hospitales

La auditoría realizada por la Sindicatura de Cuentas al Hospital de Manises, de gestión privada, revela un 25 por ciento de ahorro en el gasto corriente sanitario en este centro en relación con los otros hospitales comarcales de gestión pública, lo cual supone unos 42,5 millones de euros al año.

La Sindicatura ha aprobado la auditoría operativa de la concesión de asistencia sanitaria integral en el Departamento de Salud de Manises para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015 y la ha remitido a les Corts, así como a la Conselleria de Sanidad y a la sociedad anónima que gestiona el centro hospitalario.

El documento precisa que la concesión ha tenido un coste para la Administración de 721 euros anuales por habitante (de los cuales unos 47 euros son para inversiones), «por debajo de los 894 de gasto corriente que se observa en los departamentos con hospitales comarcales».

El informe también refleja que la concesión de Manises tiene menos facultativos por cada mil habitantes que los hospitales comarcales y que, además, el coste por empleado es un 9,6 por ciento inferior.

En relación con el control de la prestación por parte de la Administración, las conclusiones destacan la «ausencia, en el contrato, de una cláusula específica sobre indicadores de resultados y su sistema de evaluación».

También subraya la «ineficacia» de la Comisión Mixta de seguimiento como órgano de control de la concesión, ya que en los siete años analizados en el informe, la comisión solo se reunió doce veces.

En general, especifica la investigación, se observa un incumplimiento de las medidas de control en materia de rentabilidad, control de inversiones o contratación de personal directivo».

En relación con el precio del contrato, se pone de manifiesto que la concesión «no ha contado con un procedimiento claro de liquidación, lo que lleva a dificultades importantes a la hora de aprobar las liquidaciones anuales».

El informe revela una diferencia global de 179,8 millones de euros en el periodo 2009-2013 entre las propuestas de liquidación de la Administración y las del concesionario (a favor de la Administración). Por otra parte, como consecuencia del retardo en los pagos, el concesionario reclama a la Conselleria de Sanidad 10,8 millones de euros en intereses de demora.

Tras auditar la concesión, la Sindicatura recomienda a la Conselleria la adopción de medidas para llevar a cabo funciones de control y seguimiento para evaluar la eficiencia y eficacia de la «utilización de los recursos públicos que se ponen en manos de terceros».

defensa demagógica

Como era de esperar, el Departamento de Sanidad dirigido por Carmen Montón, no tardó en reaccionar al duro resultado del estudio. Según su portavoz, el porcentaje de ahorro establecido por la Sindicatura no contempla el resultado de los cierres de ejercicio de los años 2009 a 2013 del departamento de salud de Manises, respecto a los que existe una reclamación de 178,9 millones de euros por parte de la Administración a favor de la Conselleria de Sanidad. «De resolverse finalmente a favor de la Generalitat esta discrepancia, podría poner en peligro la viabilidad de la concesionaria y la sostenibilidad del modelo».

Con respecto a la falta de control en las inversiones, la rentabilidad y las contrataciones de directos, la Conselleria señala que justamente por ello creó la dirección general de la Alta Inspección y puso en marcha mecanismos de control para «evitar la continuidad en la laxitud que denuncia el informe».

Desde allí recordaron asimismo mediante un comunicado que el informe «censura medidas tomadas para favorecer la concesión en perjuicio del sistema sanitario en su conjunto», como por ejemplo que en el año 2010 se modificara el contrato y se incrementara la población asignada a la concesionaria en 43.626 habitantes, la población de Mislata.

En conclusión, precisaron estas fuentes, «el informe de la Sindicatura de Comptes pone en evidencia las deficiencias en la concepción y ejecución del modelo, especialmente en las limitaciones para su control. También destaca la discrecionalidad de las decisiones adoptadas en beneficio del modelo».

Denunciaron que «la supuesta fórmula inicial de reparto de riesgo se ha convertido en una receta basada en la toma de decisiones a medida para asegurar el éxito de la gestión privada».

Compromís contra lo privado

Por su parte, la diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Sanidad de Les Corts, Isaura Navarro, afirmó que «la sanidad privatizada busca el ahorro que se transforme en beneficio empresarial, mediante la explotación de los trabajadores y de servicios de peor calidad».

Navarro, que se refirió de esta forma al informe de Sindicatura, señaló que «la sanidad pública es garantía de calidad y de buenas condiciones laborales de los trabajadores, y por tanto, hablamos de parámetros que no se pueden comparar de esa manera. El resultado será siempre absurdo».

«Desde Compromís apostamos por esa calidad del servicio y por que los trabajadores de la Administración puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones laborales posibles».