El juicio a Blasco se enreda en pactos no consumados y peticiones de nulidad

El fiscal, Jesús Carrasco, ante las peticiones de nulidad del proceso formuladas por las defensas, llegó a advertir de que «los pactos no dejan de ser un mero preacuerdo»

El segundo de los juicios al exconseller Rafael Blasco y otros 23 procesados por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación celebró ayer su segunda jornada estancado en pactos que no se consuman y peticiones de nulidad por parte de las defensas.

La vista, prolongada casi seis horas, comenzó con el anuncio de acuerdos de conformidad con 17 de los 24 procesados, cinco de ellos cerrados ya con las tres acusaciones, seis acuerdos parciales (Fiscalía y Abogacía de la Generalitat), otros cinco solo con la Fiscalía y uno exclusivamente formulado por la Abogacía.

Los acuerdos de conformidad total ya prácticamente cerrados entre todas las partes se refieren a Luis Freire, Andrés Chust, Miguel Ángel Climent Estruch, Alberto Pampín y Rosa Castelo.

En el segundo bloque (Fiscalía y Abogacía) Josep María Felip, Agustina Sanjuán, Alfonso Navarro, Isabel Castillo, José Bollaín y Fernando Darder.

En el caso de los principales acusados, el exconseller del PP Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, además de Marc Llinares, Arturo Tauroni y Alina Lisenko, los acuerdos de conformidad se podrían cerrar únicamente con la Fiscalía, dada la negativa a aceptar sus propuestas económicas explicitada por Raúl Vidal, letrado de la Coordinadora Valenciana de ONGD (acusación popular).

Sin embargo, en el transcurso del juicio, el fiscal, Jesús Carrasco, ante las peticiones de nulidad del proceso formuladas por las defensas, advirtió de que los pactos no dejan de ser un mero preacuerdo.

El abogado de Blasco, Javier Boix, ha informado a la sala de que el exconseller ha depositado la escritura de un bajo comercial tasado en más de 400.000 euros (sobre el cual todavía pesa una deuda de 13.000 euros) con el que pretende hacer frente a sus responsabilidades.

Además, solicitó que en el acuerdo de conformidad figure expresamente que Blasco «no solicitó ni recibió dádiva alguna» e insistió en que debe ser el Tribunal de Cuentas y no la Audiencia Provincial quien establezca la posible responsabilidad civil.

El valor de este bien inmueble aportado por Blasco contrasta con lo alegado por la abogada de la Generalitat, quien ha dicho que la cantidad que reclamará a los procesados es de 7,8 millones frente a los 5 plasmados en el escrito de acusación, «al no haberse reintegrado prácticamente nada a la Administración».