El Juzgado recaba informes sobre contrataciones ilegales de Imelsa

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia está recabando informes sobre la legalidad de las contrataciones de asesores llevadas a cabo por Imelsa.

El ilícito alcanzaría a todos los grupos de la Diputación de Valencia que han tenido asesores a cargo del erario, ya que la irregularidad no sería tan solo si los asesores prestaban o no sus servicios en áreas de la Diputación provincial o si por el contrario se dedicaban a tareas de partido, sino que el hecho mismo de contratar asesores ya podría ser un delito de prevaricación, pues hasta ahora nadie ha sabido explicar la capacidad de Imelsa para contratar personal de libre designación, algo que solo puede hacer la Diputación y en número limitado. Por lo tanto, es muy probable que todos los grupos de la Diputación se vean implicados en ésta, que podría ser la siguiente pieza de la causa Imelsa.

En cualquier caso, Instrucción 18 está realizando una minuciosa labor para tratar de averiguar si la contratación de asesores se ampara en alguna norma legal, aunque de momento parece que no, y que todas estas plazas deberían haber salido a concurso público.

Se da por seguro que cuando este punto esté aclarado legalmente, serán citados a declarar las cuatro personas que fueron investigadas por la Guardia Civil y que en esa calidad prestaron declaración en el acuartelamiento de Patraix, es decir Rosa Pérez (EU), Emili Altur (Compromís), Raúl Pardo (PSPV) y José Manuel Orengo (PSPV). No se descarta que haya más diputados o exdiputados investigados.

En este sentido, la vicepresidenta cuarta, Rosa Pérez, aún no forma parte de la causa ni se le ha respondido a su petición de personarse como acusación popular. Sí que es cierto que el Juzgado la citó para que aclarara si su pretendida personación se realizaba bajo la forma de particular o popular, pero aún no ha recibido respuesta. Pérez no recibirá respuesta a su sobre ello hasta que no se decida si debe dar más explicaciones sobre la contratación de su asesor, esta vez ante el juez.

Consultada la propia Pérez, explicó que la personación solía ser automática, e interpretó que si a ella no le habían contestado aún a lo mejor era porque estaban considerando fijar una fianza.

La declaración del martes por la tarde de Marcos Benavent habría trascurrido principalmente por esos derroteros: la contratación de asesores por parte de la empresa Imelsa.