Pese a la infinidad de propuestas y de actos para sentar las bases del partido, lo cierto es que el PSPV ya aprobó las líneas ideológicas en su décimo segundo Congreso, celebrado en Alicante hace ya más de un año, aunque algunas de sus medidas están todavía sin ejecutar y que les gustaría olvidar. En cuatro Comisiones -de economía y empleo, de calidad democrática, del Estado de bienestar y del modelo de partido-, el plenario, y no los dirigentes, votó a favor de cuestionar la Corona, de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia y de pedir la supresión de las Diputaciones provinciales, entre otros puntos.

Así, mientras la actual dirección socialista, con Ximo Puig al frente, debatía con las diferentes familias el reparto de puestos para lograr desbancar al ex secretario general, Jorge Alarte, de la planta cuarta de Blanqueries, 555 delegados marcaron el rumbo que debía de seguir el partido. Un camino más a la izquierda que el actual, sobre todo en lo relacionado con la Jefatura del Estado. El problema para Puig ahora es cómo desoir esta reivindicación, ya que contradice a lo estipulado desde Ferraz.

En el documento de resoluciones aprobadas puede leerse: «Debemos apostar firmemente por una reforma Constitucional (...) Los socialistas debemos plantear la revisión de todas las Instituciones, incluida la Corona, conscientes de nuestros valores republicanos». Ésta es precisamente una de las propuestas estrella del todavía número dos del PSPV, Francesc Romeu, para presentar su alternativa. Puig se desvinculó rápidamente de esta idea, algo que algunos sectores del partido le reprochan, puesto que lo aprobó la militancia en el Cónclave.

El plenario también debatió sobre la oposición de Alarte centrada en la denuncia judicial. Pese a que sus rivales criticaron públicamente esta estrategia, el texto establece que «la situación del PP es fruto directo de la lucha contra la corrupción emprendida y sostenida, contra viento y marea, por el PSPV. Optamos por la denuncia y acertamos, pero no fue fácil.