El pulso por la inversión en infraestructuras

Esta semana el presidente Puig volverá a reunirse con el ministro De la Serna para tratar de mejorar las cifras en obra pública

El presidente Puig y el ministro De la Serna se reunirán de nuevo el día 27 de abril
El presidente Puig y el ministro De la Serna se reunirán de nuevo el día 27 de abril

Esta semana el presidente Puig volverá a reunirse con el ministro De la Serna para tratar de mejorar las cifras en obra pública

La próxima semana la Comunitat Valenciana volverá a solicitar al Gobierno central una mejora en la inversión en infraestructuras. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tienen previsto reunirse el jueves para abordar la situación en la que queda la obra pública tras los últimos Presupuestos Generales del Estado.

De la Serna ya avanzó el pasado 12 de abril, tras entrevistarse con Puig en Valencia, que las cuentas para este año no variarán. Su justificación fue que la inversión es acorde con los proyectos que pueden ejecutarse en lo que queda de año y prometió que durante lo que queda de 2017 se avanzará en la redacción de los estudios para que sea posible aumentar la inversión en 2018.

Aunque las obras sobre el Corredor Mediterráneo volverán a protagonizar una parte importante del encuentro, los trenes de Cercanías también están entre las reivindicaciones fundamentales de la Generalitat.

El Gobierno valenciano pidió al Ejecutivo central la transferencia de las Cercanías para mejorar la gestión de un servicio que califican de «deficiente». A día de hoy la respuesta ha sido negativa.

Desde la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas critican que las inversiones de los últimos años en estos trenes «han brillado por su ausencia».

El último plan de Cercanías, (2010-2020) firmado, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, no ha llegado ni siquiera a iniciarse. Todo quedó en una bonita compensación.

Calculan que se necesitarán más de 3.000 millones de euros para poner en condiciones y adecuar la red de Cercanías. Sin embargo, en los Presupuestos Generales únicamente se contemplan 300.000 euros para Valencia y 9 para otro tipo de actuaciones.

El ministro De la Serna ya avanzó durante su última visita a Valencia que encima de la mesa tenía peticiones de todas las autonomías para esta materia. Aseguró que se prevé invertir más de 20.000 millones para este tipo de transporte y que se estudiarán las prioridades de cada región.

La red de Cercanías de la Comunitat Valenciana es utilizada por 20 millones de personas.

Capítulo aparte merecen las carreteras. Según la Generalitat, la inversión en este área baja un doce por ciento respecto al presupuesto del año anterior. El peso de la inversión con respecto al conjunto de España es de un 6,3 por ciento.

Afirman que las anualidades más importantes aparecen en obras que ya llevan años en ejecución. Como ejemplo recurre al caso de la A-33 en la Font de la Figuera. De la Serna aseguró que la ejecución de esta obra concluirá este año, pero la Generalitat recuerda que los trabajos llevan una década en marcha.

En la misma situación se encuentran el acceso sur al puerto de Gandía o la variante entre Favara y Cullera.

Sin contrato programa

Por mucho que insista la Generalitat al ministro de Fomento, no habrá compromiso sobre el contrato programa, solicitado para financiar el transporte público de Valencia y su área metropolitana. De la Serna dejó bien claro que la autorización de este convenio no corresponde a su Departamento, sino al de Hacienda, por lo que el único interlocutor es el ministro Cristóbal Montoro.

El Gobierno valenciano defiende que ya se ha constituido la Autoridad Metropolitana del Transporte, necesaria para conseguir el contrato programa y, sin embargo, sigue sin recibir cantidad económica alguna para sufragar el coste del transporte público de dos millones de habitantes.

La Generalitat se pregunta por qué Barcelona recibe 108 millones de euros, Madrid 126, Sevilla 6,5 millones, Málaga 5,6 y Santa Cruz de Tenerife 400.000 euros, mientras que sigue negando las ayudas al funcionamiento del transporte público de Valencia y a la construcción de nuevas líneas.