Elena Bastidas dicen que los tribunales «gestionan» la política social del Consell

La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, afirmó ayer que la Justicia es la que está «gestionando» la vicepresidencia social del Consell, ante la «incapacidad» de Mónica Oltra.

Bastidas destacó en un comunicado que los tribunales «se han tenido que hacer cargo» de las políticas de mayores, menores y dependientes por «el sectarismo de la vicepresidenta, ya que se acumulan las sentencias y las llamadas de atención de corte judicial ante la imposición de Oltra». La dirigente popular se pronunció así sobre la paralización por parte del Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, del concurso del Punto de Encuentros Familiar, por excluir en el mismo a las empresas privadas.

«Esta paralización es para asegurar el trato no discriminatorio y la igualdad entre los contratantes y velar por la correcta aplicación de las normas que incorporan tales principios a nuestro ordenamiento jurídico», señalado. La vicesecretaria del PPCV ha recordado que esta «llamada de atención» se suma a las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana donde se advertía de las “carencias” de la adjudicación del servicio en tres residencias para mayores.

Además, la diputada afirmó que un informe de la propia Generalitat Valenciana advertía de que la oferta «comprometía la calidad de asistencia de los mayores y que había serias dudas de que se pudiera asegurar la correcta viabilidad de los servicios, porque primaba» el interés económico al social.

Según señaló Bastidas, «hasta la Fiscalía tuvo que intervenir ante la situación» de los centros de menores tutelados de la Generalitat.

Impagos

La vicesecretaria popular indicó que a esta realidad se suman los impagos a los centros ocupacionales que se han «cronificado», las listas de espera en Dependencia, o las «alertas» del Síndic de Greuges.

Así, señaló que el Defensor del Pueblo valenciano pone «en jaque» la gestión Oltra, al asegurar que los centros de atención temprana «no pueden garantizar la atención integral a los menores y a sus familias, a la que quedan obligados por la normativa actualmente vigente».