Funcionarios de prisiones valencianas se concentran en protesta por las agresiones

Acaip denuncia que las agresiones son cada vez más frecuentes en las prisiones, debido entre otras cosas, a la falta de personal y a la incorrecta clasificación de los internos

Los trabajadores de la cárcel de Picassent (Valencia) y Fontcalent (Alicante) se concentraron ayer para protestar por las «continuas agresiones» que se dan en la prisión y exigir un nuevo protocolo de actuación, así como un aumento del personal para garantizar la seguridad y salud de los empleados.

En el acto de protesta, convocado por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Valencia, CCOO y UGT frente a las cárceles, los trabajadores, además de reclamar medidas de prevención de riesgos laborales, mostraron su solidaridad con todos sus compañeros agredidos en los centros penitenciarios de España.

Según manifestó el portavoz de Acaip, Alberto Téllez, en el año 2018 se han producido seis agresiones físicas y un intento de agresión, «cifra a la que hay que sumar las amenazas, coacciones e insultos que se producen cada día», con 120 casos en el segundo semestre de 2017.

El sindicato denuncia que la Administración no tiene en cuenta este tipo de incidentes, cuando «muchas veces es más peligroso la amenaza con un cuchillo que una bofetada», argumentó Téllez.

El protocolo actual para tratar de frenar las agresiones en las cárceles contra el personal permite a los empleados denunciar el incidente, pero la denuncia da inicio a un proceso de investigación interna en la que también se analiza la actuación del funcionario. «Al tratar el problema desde el punto de vista de la seguridad y no desde la agresión», muchos de los altercados «se consideran hechos previsibles», por lo que los empleados «dejan de denunciar, ya que tras el estudio de su actuación pueden acabar recibiendo una sanción», explicó el portavoz.

Por ello, el sindicato exigió la redacción de un nuevo protocolo que aborde las agresiones «desde la prevención» y que contemple un mayor «apoyo psicológico» para aquellos funcionarios que retoman el trabajo tras la baja.

También reclamó la creación de un seguro para que la Administración cubra las indemnizaciones que deben pagar los internos a los empleados agredidos.