Hacer las cosas bien

La ineficacia de los actuales responsables de la Diputación de Valencia para gestionar, el objetivo de vaciar de contenido a las Corporaciones provinciales o sabe Dios qué otras razones, han sido las razones, para muchos excusas, para hacer desaparecer la empresa pública Divalterra dependiente de aquella institución, tras haber sido foco de anormalidades y presuntos delitos durante estos años.

Sobre la supresión de Divalterra, podemos distinguir dos cuestiones. Una referida a si el acuerdo se debe a los citados escándalos. En ese caso podía ser más acertado proponerse gestionar decentemente, con eficacia y transparencia, y bajo el control de quien debe vigilar el dinero de todos. Si no son capaces de hacerlo, lo mejor sería que los responsables políticos dimitieran por incapacidad para realizar las cosas bien.

Otro aspecto se centra en cuestionar la existencia de las empresas públicas, al demostrarse con la facilidad que se convierten en instrumentos de contratar a los amigos y correligionarios, de financiaciones ilegales o de campos de corrupción. Entonces, habría que plantearse la conveniencia de suprimirlas todas ellas.

En el caso de Divalterra, todo indica que, con el escándalo reciente incluida la detención del expresidente Jorge Rodríguez y su ad látere Ricard Gallego, entre otros, se aproveche para dar un tajo a las Diputaciones y dejarlas sin competencias en favor de la Generalitat, sobre todo cuando son dirigidas por otros partidos como es el caso en la actualidad de Alicante y Castellón.

Es curioso que, tras la época vergonzosa de Marcos Benavent, autodenominado «el yonki del dinero», cambiaran el nombre de Imelsa por Divalterra, y no haya servido de nada. En sólo tres años se ha vuelto a las andadas. Así es la vida.