“Hay que fijar la carga de trabajo de cada funcionario”

-Cuál es la situación de la función pública valenciana, ¿faltan funcionarios o sobran?

-En el plan de recursos se puso blanco sobre negro la situación de la Administración valenciana. Detectamos problemas muy graves de alta precariedad, un 30 o 35 por ciento son interinos, y otro problema es el envejecimiento de la función pública. En cinco años se van a jubilar 8.000 personas, y doce o catorce mil en los próximo diez años. Nos faltan funcionarios porque en los últimos años hemos tenido que soportar fuertes restricciones por las tasas de reposición impuestas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Llegamos a la conclusión que hasta 2019 necesitamos ofertar 1.500 plazas para alcanzar una cierta estabilidad. Además, queremos iniciar procesos de consolidación que saquen de la precariedad a muchos trabajadores, y que no signifiquen enchufes, ni entrar por unas vías distintas.

-¿Y qué hay previsto para aumentar la productividad de los funcionarios?

-Nosotros apostamos por la evaluación del desempeño, fijar cuál es la carga de trabajo que cada funcionario debe o puede asumir, y que es sorprendente que no exista todavía. Así podemos saber cuáles son las necesidades y poner en marcha mecanismos de estímulos al trabajo. No todos trabajan igual, no todos son igual de válidos y hay que saber premiar, estimular... no puede ser que uno aprueba una oposición, le den una mesa, y piense ya que esa va a ser su función el resto de su vida. Eso desmotiva muchísimo.

-Hablemos del requisito lingüístico, ¿ha habido muchas discrepancias para sacar este asunto adelante?

-En el tema del idioma hay que ser muy prudente. El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Lo único que hemos hecho es recoger la propuesta de los sindicatos y variar los plazos de la capacitación lingüística, que pasamos de un año para desarrollar el reglamento que exigiría ese requisito, a los seis meses. Además, aparcamos el requisito lingüístico para la promoción interna porque podía suponer problemas de discriminación con la gente que accedió a la función pública cuando no existía el requisito.

-Usted en una ocasión dijo que cuando estudiaba para judicatura nadie le preguntó si sabía castellano, con lo que ponía el foco del problema en la enseñanza del valenciano, después de más de 30 años en que su estudio es obligatorio.

-Algo estamos haciendo mal porque cualquier niño que desde los tres años está recibiendo una educación bilingüe, con mayor o menor intensidad, debería salir de adolescente con unos niveles que no exijan más exámenes, y si los niveles no son suficientemente válidos, pues algo tendremos que cambiar. Me parece preocupante que después de, al menos, seis años de primaria y cuatro de secundaria estudiando valenciano, se suspenda el «mitjà».

Es obvio que no se ha conseguido acabar con la postergación del valenciano frente al castellano. Yo soy valencianohablante, de un pueblo de la Vall d’Albaida donde hemos hablado valenciano toda la vida y me entristece que nuestro propio idioma se convierta en elemento de confrontación para la ciudadanía. Algo no estamos haciendo bien.

-El asunto de la lengua puede ser paradigmático de cómo funciona el mestizaje en un gobierno como éste de coalición. A nadie se le escapa que la propuesta del número dos de su Conselleria no se consensuó con usted y tuvieron que intervenir los dos consellers para acabar de cerrar el acuerdo. ¿Es paradigmático de lo que pasa en el Consell?

-La diversidad enriquece. Ahora mismo, un Consell de dos partidos apoyados por un tercero, te permite más diálogo, posiciones más eclécticas. La postura de mi secretario autonómico era más radical, y es verdad que fue el presidente Puig quien nos pidió al conseller Marzà y a mí que buscáramos un acuerdo, y eso fue lo que hicimos, pero no fue por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, fue por decisión del presidente Puig. La diversidad suma y nos ayuda a no sentirnos cada uno de nosotros en posesión de la verdad.

-En el ecuador de la legislatura parece que no están claras las competencias, e incluso se ha chocado con la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en el asunto de la Oficina de Víctimas del Delito.

-No hemos chocado. Todo el mundo está empeñado en que yo estoy peleada con todos por las competencias, y yo insisto en que, con las que tengo, ya tengo suficiente y se me hace corta la legislatura. Simplemente hubo una discusión respecto a los protocolos que desde las oficinas de víctimas se tenían que elaborar. La vicepresidenta en el ámbito de sus competencias, tiene a las víctimas de violencia de género, delitos de odio y de trata de seres humanos, pero las oficinas que estamos impulsando lo son de las víctimas del delito, y los protocolos han de ser individualizados. Y desde la vicepresidencia se pensó que debían tener un reflejo en el marco del decreto dado que son competentes en estos colectivos. Y llegamos a un acuerdo y se aprobó el decreto que incorpora a la Generalitat las Oficinas de Víctimas del Delito.

-¿Y qué va a pasar con los trabajadores de Favide porque parece que hubo unas declaraciones contradictorias de Mónica Oltra en las que, en un principio, anunciaba que los trabajadores mantendrían su puesto?

-Hemos planteado iniciar el procedimiento de redimensionamiento e integración. El artículo 36 de la Ley de Fundaciones permite que éstas puedan extinguirse por integración dentro de la Administración. Además, está en vigor una ley de medidas de racionalización del sector público. Por ello vamos a valorar, dentro del personal de Favide, cuáles son los perfiles que necesitamos para desarrollar el servicio público dentro de las oficinas. Hay que contar con una parte del personal. La creación de plazas, de momento, ha sido de psicólogos y de trabajadores sociales. Ahí hay un capital humano que se va a intentar integrar siempre dentro del marco que la ley establece, y la ley habla de una integración pero como temporales después a extinguir. Nuestra voluntad es crear plazas específicas en Favide y que todo el mundo, incluso los actuales letrados de Favide tengan opción de presentarse.

-Hace unas semanas parece que le molestaron bastante unas declaraciones de un colega suyo, el fiscal Anticorrupción, que en un programa de televisión denunciaba la falta de medios, medios que reclamaba a la Generalitat Valenciana.

-A mí no me molestó. Yo tengo el máximo respeto por mis compañeros y soy una firme defensora de la libertad de expresión. Y yo en ningún momento, dije públicamente que eso me había molestado. Yo hablé del término sorpresa porque la primera medida que adopté cuando me nombraron consellera fue convocar a la fiscal provincial y a los compañeros de la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Económicos para que me trasladaran todas sus necesidades. A mí lo único que me sorprendió es que dijera que ningún político se había dirigido a ellos. Eso es lo único que me sorprende, porque en lo que dijo, en el contenido, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no todo lo que les falta es competencia de la Conselleria. Claro que les faltan medios. Mire, yo llevaba cuatro meses en Valencia y mi ordenador tardaba veinte minutos en arrancar, y a veces se paraba y perdías un escrito, algunos archivos de la Agencia Tributaria no se podían ver porque no eran compatibles... y eso lo hemos solucionado. Yo era y soy consciente de la falta de medios. Los fiscales Anticorrupción tenían que ir a las vistas orales con su propio ordenador y tenían que comprarse los «pendrives»... yo he sido testigo de las grandes miserias. Estamos hablando casi de una obstrucción en su trabajo. Por eso convoqué a los compañeros para buscar soluciones de choque. Pero necesitan muchas más cosas, necesitan más personal y también peritos, pero hay que modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sus informes no se consideren prueba de parte.

La semana que viene tenemos reunión de la comisión mixta con la Fiscalía para aprobar el nuevo diseño de la Oficina Fiscal... Por lo tanto, yo hablé de sorpresa por el hecho de la interlocución, pero comparto con mi compañero sus quejas porque están desarrollando un trabajo inmenso con unos medios muy limitados.

–Hablando de corrupción política, ¿cree que sobran aforamientos?

–El problema de la corrupción no son los aforamientos, son los políticos que entienden que el dinero público y el dinero privado deben formar parte de su patrimonio. Pero lo que más me preocupa es la respuesta de quien tiene la obligación de impulsar las medidas para acabar con esto: y la respuesta no puede ser «buscaremos un fiscal o sacamos al juez y le daremos un mejor destino». No tenemos un problema con los jueces ni con los fiscales, tenemos un grave problema con algunos responsables políticos que creen que los jueces y los fiscales son marionetas. El daño que se le ha ocasionado a la Fiscalía con la operación Lezo debería haberse cobrado una dimisión, como mínimo, desde mi punto de vista, el ministro de Justicia. Lo que ha pasado en la Fiscalía Anticorrupción yo creo que es saludable desde el punto de vista de la transparencia y del acceso que la ciudadanía tiene a lo que ocurre en el seno de las instituciones.

–¿Ya sabe adónde se va a trasladar el TSJ mientras dure la reforma del edificio?

–Estamos valorando dos edificios, que son el anterior Impiva de la plaza del Ayuntamiento, y la Cigüeña, y también la Ciudad de la Justicia. El TSJ no se va a ir en bloque a ninguna de estas tres sedes porque no tenemos espacio suficiente. Vamos a separar por una parte la Sala de lo Contencioso y por otra la de lo Social. Y la Sala Civil y Penal con la Secretaria de Gobierno y Fiscal Superior, a la Ciudad de la Justicia. La reforma del Tribunal Superior es muy compleja y va a ser mucho más lenta de lo que yo hubiera querido. Además, es un edificio protegido y hay que ir de la mano con Patrimonio. El edificio hay que desalojarlo por completo. Pero quiero recordar que se desalojará para que vuelvan. Lo que no podemos es por una parte, quejarnos de las deficiencias, y luego del traslado. Me encantaría que en un año estuviera acabado, pero sólo para el proyecto hará falta seis u ocho meses. Pero es una necesidad, la reforma del TSJ y de Benalúa son prioritarias.