La Generalitat cambia la ley para nombrar cargos en RTVV

El pleno del Gobierno valenciano, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado hoy un decreto ley que le faculta para nombrar a todos los cargos vacantes del consejo de administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), incluido un nuevo director general, sin esperar a su elección por Les Corts.

Con esta decisión, el Gobierno valenciano puede nombrar de forma inmediata un director general, tras la dimisión de Rosa Vidal, y los miembros del consejo de administración que faltan, tras la renuncia de los del PP, sin esperar al trámite parlamentario de su nombramiento por Les Corts Valencianes.

El citado decreto, publicado en número extraordinario del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que entra en vigor hoy mismo, modifica tres artículos de la Ley 3/2012 de 20 de julio sobre el Estatuto de Radiotelevisión Valenciana.

Con la modificación, el Gobierno valenciano nombrará a los miembros del consejo de administración elegidos por Les Corts salvo que debido al cese, destitución o renuncia de sus miembros, como ha sucedido tras la renuncia de la directora general Rosa Vidal y los cuatro consejeros que fueron nombrados a propuesta del PP, "no se pueda alcanzar el quórum necesario para alcanzar acuerdos".

En este caso, será el Gobierno valenciano el que esté facultado para nombrar de forma provisional los cargos vacantes antes de que lo hagan Les Corts Valencianes.

En el preámbulo del decreto se indica que ante la renuncia de "determinados"miembros del consejo de administración y de su directora general y la imposibilidad de "proceder de forma inmediata a la renovación de cargos", se requiere la adopción de medidas urgentes que aseguren la administración de RTVV y el "normal funcionamiento del servicio público".

Sobre la actual situación de la radio y televisión públicas se argumenta que se ha dado una situación de "ausencia de gobierno y administración"que impide los principios legales de actuación.

Esa "incertidumbre", según consta en el preámbulo del decreto, repercute en el funcionamiento de la entidad, que carece de gobierno y de un responsable que "garantice el cumplimiento de los objetivos generales, el respeto de los principios de programación, así como la buena administración y gobierno".

Entiende el Consell que esta situación impide asegurar "la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva".

"Estas circunstancias impiden que se puedan ejercer funciones de trascendencia como autorizar pagos y gastos. La grave situación requiere una respuesta inmediata que no es posible llevar a cabo con el marco legal actualmente existente", añade el preámbulo.

Por este motivo, “resulta necesaria la adopción de medidas urgentes que con la mayor celeridad aseguren la administración de la mercantil pública y el restablecimiento del normal funcionamiento del servicio público”, concluye el citado preámbulo.