La gestión de Vidal y los defectos del ERE de RTVV impiden su viabilidad

La decisión de la directora general de la RTVV, Rosa Vidal, de liberar a 186 trabajadores del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) influirá sin duda en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para declarar improcedente o nulo el citado Expediente, según coincidieron ayer diferentes fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN.

El asunto está en manos de tres magistrados del TSJCV. Miriam Montes ejerce de ponente y su resolución será debatida con Francisco Pérez, presidente de la Sala de lo Social, y Teresa Pilar.

Las mismas fuentes estuvieron de acuerdo en que no será sólo ésa la causa para que los magistrados adopten tal determinación. Además, han ocurrido otras circunstancias que hacen prever ese desenlace, como los cambios de rumbo en la elaboración del ERE y los defectos de forma en la fase procedimental.

Otro de los posibles motivos para que el ERE se declare improcedente son las indemnizaciones pagadas a los despedidos. El convenio del ente fija en 45 días por año dicha cantidad, mientras que a los afectados se les va a pagar 20 días.

Las fuentes consultadas añadieron que es un procedimiento atípico el hecho de variar el número de trabajadores despedidos después de, supuestamente, haber mantenido un criterio en las previsiones legales para la negociación del ERE. «Tras la decisión de Rosa Vidal no da la sensación de que haya habido toda la seriedad que requiere un asunto tan importante como es el despido de 1.198 empleados».

Lo cierto es que, con su actitud, la rectora de la televisión autonómica ha abierto una brecha en su relación con el Gobierno valenciano, que siempre se ha mostrado partidario de, en boca de su vicepresidente, José Císcar, no alterar en absoluto lo previsto, entre otras cosas porque podría dar motivo a su anulación, lo que colocaría a RTVV más cerca del cierre definitivo. En el caso de que se declarara improcedente, el asunto no pinta mucho mejor, puesto que habría que indemnizar a todos los afectados con 45 días por año, lo cual equivale a una elevada cantidad con la que el Consell no cuenta.

Vidal tomó el acuerdo de liberar a 186 empleados después de que la Dirección General de Trabajo le negara la posibilidad de ampliar el plazo de 31 de agosto a 31 de diciembre. En su informe la autoridad laboral se inhibe de cualquier pronunciamiento porque no procede al estar abiertos varios recursos colectivos ante los tribunales y porque, en su día, ya advirtió de que era excesivamente largo el plazo de un año previsto para la ejecución del ERE.

Por su parte, desde RTVV recordaron ayer que la recuperación de los 186 empleados se ha realizado para evitar la emisión en negro y negaron que la decisión haya provocado un enfrentamiento con la Generalitat.