Los empresarios dudan de los proyectos del Consell para el Plan Juncker

La Generalitat propone colaboraciones público-privadas para la construcción de nuevos colegios.

El presidente del Consell, Ximo Puig, junto a un grupo de empresarios de la CEV, entre ellos su presidente, Salvador Navarro, y el de Cierval, José Vicente González
El presidente del Consell, Ximo Puig, junto a un grupo de empresarios de la CEV, entre ellos su presidente, Salvador Navarro, y el de Cierval, José Vicente González

La Generalitat propone colaboraciones público-privadas para la construcción de nuevos colegios.

Todavía quedan muchos flecos pendientes que hay que aclarar. Esta es la posición de los empresarios valencianos ante la propuesta del Consell de realizar colaboraciones público-privadas en la construcción de nuevos colegios con el objetivo último de eliminar los barracones en la Comunitat. La intención de la Generalitat es presentar estos proyectos, que alcanzarían los 500 millones de euros, a las líneas de ayuda europeas del Plan Juncker para así poder obtener la financiación.

De esta forma, la construcción de los colegios correría de la cuenta de la empresa, así como el propio mantenimientos de los mismos durante los siguientes veinte años. A cambio, el Gobierno valenciano pagaría un canon anual. Además, con el objetivo de que esta financiación no compute en el déficit de la Administración valenciana, se tendría que realizar una transferencia de riesgo hacia la empresa, de forma que sería la responsable de cualquier tipo de problema que hubiera en el recinto.

Los empresarios no lo ven nada claro. Antes que nada, aseguran fuentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), hay que fijar y clarificar cómo se realizará esa transferencia de riesgo y cómo se implica a la empresa, puesto que teniendo en cuenta que se trata de un proyecto a 20 años vista, es muy importante la seguridad jurídica.

Por otra parte, se deben establecer unos criterios para fijar el canon de una forma justa. «¿Se pagará por la utilización? ¿o por la construcción? Porque la natalidad en los próximos años es posible que decrezca», señalaban estas mismas fuentes.

Son dudas razonables que, por el momento no se han resuelto desde la Administración valenciana, concretamente desde el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que capitanea esta idea.

Ahora deberá ser la Intervención General de la Generalitat la que realice un informe en el que valore este tipo de cuestiones y, lo que es más importante, cómo conseguir dicha financiación sin que esta vaya a la ya rebosante cuenta del déficit. De otra manera, no se podrán realizar.

Las negociaciones se están llevando directamente con la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), cuyo presidente, Francisco Zamora, se mostraba mucho más optimista a este respecto. Para Zamora, este tipo de proyectos representan trabajo para un sector que acaba de atravesar y sufre todavía las consecuencias de una de las peores crisis de su historia. Pero, tal y como subrayan desde la CEV, las condiciones deben quedar muy claras y convencer a todas las partes implicadas.

Zamora explicó además que esta modalidad se está estudiando para otros sectores, como el de la reforma de viviendas o la regeneración urbana (renovación de aceras, cambios en las conducciones del agua, etcétera). Para ello en breve se empezará con el diseño de planes zonales que delimiten y primen en qué zonas es más necesario llevar a cabo estas reformas.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, explicó que el Consell recurre a este sistema de colaboración público-privada para poder llevar a cabo aquellas infraestructuras a las que no llega el dinero público. Para la Generalitat el caso de los barracones en los colegios es de especial importancia puesto que se la eliminación de los mismos es un compromiso personal y político del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Los empresarios, por ahora, se mantienen a la espera de obtener más información para decidir si subirse a ese barco o no. No hay mucho tiempo, puesto que el Plan Juncker cuenta con una duración de tres años de los que ya han transcurrido más de seis meses.