Los regantes del Tajo- Segura exigen un riego de socorro para salvar el arbolado

Insisten en que nunca cambiarán los derechos del trasvase por el del agua desalinizada

Los agricultores miran con desesperación al cielo. Continúa sin llover y las consecuencias en el campo son cada vez más graves. Ayer el presidente del sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo- Segura (Scrats), Lucas Jiménez, solicitó un riego de socorro de entre los 50 y 60 hectómetros cúbicos para salvar los 44 millones de árboles frutales que, si no reciben agua antes de que llegue el verano, morirán.

«Estamos muy asustados con los que puede venir», admitió en referencia a la llegada de la primavera e insistió en que no se trata solo de salvar las cosechas, sino que también corre peligro el arbolado.

Aseguró que 2017 ha sido un año horrible para el sector porque ha contado con escasez de recursos y de ideas para afrontar esta problemática. La situación es de tal alarma que espera alguna reacción por parte del Gobierno central porque se está poniendo en peligro la subsistencia de una parte fundamental de la economía.

Jiménez exigió que se activen todas las desaladoras existentes, la de Muchamiel (Alicante) y la de Villaricos (Almería) están apagadas, pero insistieron en que la desalación no puede sustituir al trasvase. «Es imposible vivir exclusivamente de la plantas desalinizadoras». Es más, dijo que si la situación no cambia se hará necesario un trasvase de socorro, algo que no es ilegal, y aseveró que los regantes nunca renunciarán a los derechos del Tajo- Segura, «peleados y pagados durante tantos años», para cambiarlos por la desalación.

Para el presidente del Scrats, el agua es un «bien público» y debe circular por todas partes del país independientemente de que en esa parte llueva más o menos».

Así, criticó que se territorialicen las decisiones sobre la utilización del agua cuando constitucionalmente está claro que el titular o el propietario del recurso es el Estado.

En este sentido, defendió que es el Gobierno central quien tendría que utilizar los poderes que le asisten para poner fin al hecho de que Murcia, Almería y Alicante paguen hasta tres veces más por metro cúbico de agua que en el resto del país. «No es de recibo ni equitativo».

Pérdidas de 304 millones por la sequía

La sequía y otros siniestros climatológicos ocurridos en 2017 han causado unas pérdidas en el campo valenciano superiores a los 304 millones, según un informe elaborado por La Unió de Llauradors. Así, los daños climatológicos o en las cosechas y ganado se cifran en pérdidas de 204 millones. A esta cifra cabe sumar otros 100 de perjuicios por la sequía estructural que padecen algunas zonas, fundamentalmente situadas en el sur de Alicante.