Mal comienzo del nuevo Consell JurÍdic Consultiu

EL GALLINERO

No ha podido comenzar peor la incorporación de los tres nuevos miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) designados por el Gobierno valenciano. Con su decisión, el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra ha demostrado que este órgano institucional, previsto en el estatuto de Autonomía, va estar a sus órdenes para servir los intereses del mismo.

Así se demostró el primer día cuando en la misma jornada de tomar posesión de sus cargos aprobaron con su voto el dictamen a favor de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat. En unas pocas horas, sin instruirse, sin tiempo para estudiar unas conclusiones que afectan a más de una veintena de leyes de variada nomenclatura, fueron capaces de emitir su veredicto. ¿Cómo es posible? De ninguna manera.

Más aún, alguna de ellas que afecta al propio CJC. O claramente alguna que en la actualidad contraría especialmente al Consell de Puig y Oltra, como la relativa a las bases para la concesión de subvenciones y que la Ley de Acompañamiento prevé anular y dejar más mano libre al Gobierno autonómico.

Hay algo más que explica las prisas con las que el Consell ha nombrado a sus representantes en el CJC, la pendiente Ley de Horarios Comerciales, cuyo dictamen de este órgano no sólamente es preceptivo sino que también es vinculante. Es el único caso, el correspondiente a los actos y disposiciones administrativos.

El Consell de Puig y Oltra no quería arriesgarse a que el CJC le echará para atrás la anulación de la ley actual que permite la apertura de comercios en fin de semana y establecía una práctica de libertad de horarios. Dicho y hecho, la solución, como ya denunciamos hace unas semanas en LA RAZÓN, «controlamos el CJC y éste se encargará de anular la Ley y aprobar nuestro nuevo proyecto». Amén.

Para ello, evidentemente, necesitaba el relevo de un número suficiente de miembros para dominar el órgano. Ahora, sin que además Les Corts hayan elegido a sus representantes, no se teme ninguna decisión que altere su proyecto político.

En fin, una vez más se demuestra que el bien común es una entelequia para el actual Gobierno valenciano y que su meta pasa por el control de las instituciones y la elaboración de leyes en función de sus propios intereses e ideologías.

Como decía al comienzo, la nueva singladura del CJC no ha podido tener peor comienzo. La desconfianza se establece en una institución necesaria para el control de abusos gubernativos. Así es la vida.