Sociedad
PP reclama que se cree una comisión de investigación
La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, María José Català, solicitó ayer en nombre de su grupo parlamentario la creación e inmediata puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de menores y la crisis en la gestión de los centros públicos.
Catalá consideró necesario que la citada comisión se apruebe en el próximo pleno y que durante seis meses se dedique a repasar toda la documentación relativa a los centros de menores de la Comunitat Valenciana.
La que fuera consellera de Educación en los Gobiernos del PP dijo que durante su mandato se vivían situaciones muy comprometidas y dolorosas, pero reiteró que nunca utilizó dichas situaciones para tapar su incompetencia, como acusó de haber hecho a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.
Catalá reiteró que el problema verdaderamente importante que encaraba la vicepresidenta era el del centro de Monteolivete, porque había un informe muy grave de la Fiscalía, y había tardado más de un año en actuar.
Según el citado informe, la ubicación del centro de menores de Monteolivete en un barrio problemático había posibilitado que se tejiera una red de prostitución alrededor del mismo que se nutría, presuntamente, con menores del centro.
«Sin embargo, aún quedan menores en dicho centro y los que se trasladan son los de Segorbe, porque la residencia la dirige una congregación religiosa».
La diputada admitió que su grupo político estaba a favor de que se tomaran medidas si se detectaba un problema en la residencia de Segorbe y que aprobaban que los menores hubieran sido trasladados.
Volviendo a Monteolivete, la diputada indicó que quieren saber también «cómo un centro de gestión directa de la Generalitat, un centro público como es el de Monteolivete, continúa abierto con niños cuando la Fiscalía hace un año ya advirtió que debía hacer un desplazamiento inmediato de los menores».
Català explicó que «el problema no es de los curas ni de las monjas ni de la herencia del PP, sino que este conflicto le ha estallado a Mónica Oltra en las manos y no ha sabido qué hacer».
Català recordó que todavía quedaban niños en el centro de Monteolivete y que había centros de acogida de la Comunitat Valenciana con capacidad para alojar a una treintena de niños que quedan por reubicar.
«Estamos hablando del área más sensible de la gestión del ejecutivo, los menores tutelados que dependen directamente de la Administración y resulta tremendamente grave que se produzcan situaciones como las que estamos conociendo estos días», señaló.
Sin embargo, Catalá hizo hincapié en que el centro que se desaloja es el de Segorbe, cuya gestión recae en una congregación religiosa, pero no el de Monteolivete que es ciento por ciento de gestión pública, de la Conselleria.
Por otra parte, fuentes jurídicas consultadas por La Razón ,consideraron que la denuncia presentada por la Congregación contra Mónica Oltra podía tener recorrido judicial.
Así, explicaron que en el menor de los casos, la denuncia por injurias y calumnias daría lugar a un acto de conciliación en el que Oltra tendría que ratificarse en lo dicho o desdecirse.
Pero si, tal y como anunció la congregación religiosa que regentaba la residencia de Segorbe, hubiera más infracciones cometidas por Oltra en su comparecencia en Les Corts, en la que desveló con pelos y señales los casos de abusos en la residencia de la localidad castellonense, éstas podrían acumularse a la de injurias y calumnias y no dar lugar a un acto de conciliación sino a un diligencia de investigación penal que tuviera otros resultados. Oltra podría haber desvelado datos que hiciera fácilmente identificable a los menores del centro, tanto a los que sufrieron abusos como a otros.
Independientemente del recorrido judicial de este asunto, las mismas fuentes explicaron que el caso realmente grave podía ser el de la residencia de Monteolivete, ya que la Administración tenía conocimiento de hechos realmente serios, como es la trama de prostitución generada presuntamente alrededor del centro y, al parecer, tardó un año en tomar cartas efectivas en el asunto.
La dejación de funciones de la Conselleria de Oltra, caso de que ésta llegara a demostrarse, podría constituir un quebradero de cabeza legal para la también vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.
Oltra dice que no desveló datos
La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, defendió su intervención en Les Corts. Aseguró que los nombres de los menores que dio eran falsos y que de los presuntos abusadores solo dio las iniciales. Por tanto, considera que no puso en peligro la identidad de los afectados y que lo que hizo fue dar cuentas a los diputados de la manera más exhaustiva posible sobre el caso en cuestión.
Por lo que respecta al hecho de que las hermanas Terciarias Capuchinas del centro de menores de Segorbe hayan anunciado interponer cuatro demandas a la vicepresidenta, lamentó que estas «honorables señoras» no conociesen el camino del juzgado para denunciar al trabajador que presuntamente abusó de una menor. «En este caso no había dicotomía entre despido o denuncia, habría que haber denunciado directamente».
Sobre el caso de Monteolivete, donde se investigan casos de prostitución de menores, defendió la actuación de los trabajadores del centro y aseveró que no ha habido «negligencia» respecto de la custodia de los menores que residían en él. Recordó que los niños salen a la calle.
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