El PPCV quiere acelerar el cambio con un congreso extraordinario

La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, ha insistido en que «ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal».

El PPCV no quiere perder ni un minuto. Creen que el tiempo juega en su contra y quieren celebrar cuando antes un Congreso extraordinario. Esta declaración de intenciones implica saltarse los pasos marcados por la dirección nacional del PP, que ya ha anunciado que esperará a que se aclare la situación del Gobierno de España antes de convocar el congreso nacional tras el que podrían celebrarse los regionales y posteriormente los locales.

A pesar de ello, los presidentes del PP en la Comunitat Valenciana, tanto regionales como provinciales, coinciden en la necesidad de convocar un Congreso regional extraordinario, incluso antes que el Nacional, en el que se afronten cambios radicales en la forma de hacer política tanto a nivel interno como de puertas afuera, después de los acontecimientos acaecidos en torno al «caso Imelsa». Esta operación ha provocado que medio centenar de populares, entre ellos todos los concejales del Ayuntamiento de Valencia excepto uno, tengan que declarar ante el juez para explicar si se les devolvió las aportaciones realizadas para la campaña.

La idea de ese cónclave, que debe significar un corte drástico con los modos del pasado, según los dirigentes, se centra en toda una refundación total, con la recomendación de un cambio de nombre, que afronte claramente la batalla contra la corrupción, la defensa de los valores tradicionales del partido y la representación de la valencianía, un Congreso abierto y con características de los nuevos tiempos, como es el proceso de primarias. En definitiva, llevar a la práctica las conclusiones que se adoptaron en las Asambleas provinciales celebradas tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. «Imelsa» no ha hecho más que desbordar el vaso de la corrupción en torno al PPCV, que ya se encontraba lleno con los diferentes escándalos anteriores, según señalan los responsables de la organización.

Isabel Bonig, presidenta regional, concita hoy el apoyo de los tres presidentes provinciales –José Císcar (Alicante), Javier Moliner (Castellón) y Vicente Betoret (Valencia)- quienes le han expresado su total apoyo para conducir el proyecto y presionar a la Dirección Nacional hasta conseguirlo.

De momento, Bonig, avanzó ayer que la gestora anunciada para reconstituir el partido en Valencia no tardará más de quince días en formarse. Para entonces, espera tener mucho más claro la situación procesal de los concejales que hoy constituyen el grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia.

En cualquier caso, Bonig volvió a ser ayer muy contundente y aseguró que si se acredita que las donaciones realizadas al partido se les devolvieron para blanquear dinero «irán fuera».

También se mostraba ayer partidaria de que Barberá elija dónde quiere dar la explicaciones pertinentes. Según fuentes populares, hay dirigentes del partido que apuntan ya a la necesidad de que la senadora abandone sus cargos.

Barberá responde

La ex alcaldesa de Valencia envió ayer a última hora de la tarde un comunicado «ante la petición por algunos miembros de mi partido y por la presión de los medios de comunicación».

Barberá pidió que no se confunda la prudencia con la que cree que debe actuar y el «sosiego», con «atrincheramiento o desaparición», pues sigue en su casa «atenta a los hechos, saliendo cuando lo necesito y haciendo las tareas habituales».

Insistió en que en su gestión no hay sombra de duda. «Ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal. Las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, durante los 24 años que fui alcaldesa, no se han puesto en duda».

Explicó que estas adjudicaciones las decidía una Mesa de Contratación y «nadie puede dudar de los funcionarios».

Por lo que respecta a las «peticiones de donaciones», admitió haberlas realizado, «como otros militantes, siempre desde la legalidad, con mi propio patrimonio y con total transparencia». Así pues, remarcó que no hay relación alguna entre el «caso Imelsa» y el Ayuntamiento de Valencia.

Lamentó que se estén produciendo juicios paralelos y «condenas mediáticas», por lo que pidió «mesura, profesionalidad, respeto al Estado de Derecho, a la presunción de inocencia y acatamiento a la resolución judicial sobre el secreto sumarial».

En este sentido, Barberá dijo que no puede dar «con solvencia» más explicaciones porque no conocerá las acusaciones que el juez hace hacia su persona hasta que se levante el secreto de sumario.

Hasta que llegue ese momento, hizo también un llamamiento a la responsabilidad de los políticos de otras formaciones, que están aprovechando esta circunstancia a pesar de que se encuentren o bien ya condenados por financiación ilegal, bien en proceso de investigación.

Barberá terminó ofreciendo «lealtad a los ciudadanos, al PP y a Mariano Rajoy» y expresó «a pesar del sufrimiento» que se siento orgullosa de haber servido y servir a Valencia y a España».